El Ayuntamiento de Lepe se vio obligado ayer a suspender el Pleno que había convocado a las diez de la mañana para lo que se suponía la adjudicación definitiva (si procede) del contrato de gestión del servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado. Pero no procedió.

El equipo de Gobierno se topó en el desayuno con un auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Huelva que declaró que el Consistorio no puede recuperar parcialmente la gestión del ciclo integral del agua, tal y como aprobó en su día, el 25 de agosto de 2009, el plenario municipal. El auto devuelve las cosas al punto de partida. Es decir, el agua sigue fluyendo desde Giahsa y Aqualia tendrá que esperar a que se resuelva el culebrón jurídico.

El equipo de Gobierno que preside Manuel Andrés González decidió hacer mutis por el foro y no aparecer por la sala a la hora convocada para la importante sesión extraordinaria.

El teniente de alcalde de Economía, Alberto Santana, concejal designado por la Alcaldía para explicar el entuerto jurídico, comentó que existían problemas de personal para celebrar la sesión, ya que faltaban la secretaria de la Corporación y también su sustituta, la accidental, una de ellas por problemas de salud y otra por asuntos personales. Pero Santana no tardó en reconocer que el motivo que invitaba a la suspensión era la lectura del auto judicial que a su juicio "no suspende el procedimiento pero ha sembrado las dudas del Consistorio". Santana anunció que el Ayuntamiento realizará un análisis profundo de la situación antes de seguir adelante, otra vez, con el intento de aprobación de la adjudicación del servicio de abastecimiento de agua, la polémica privatización.

El presidente de Giahsa y de la Mancomunidad de Servicios (MAS), Miguel Novoa, dijo que la intención de los populares leperos "perjudica al resto de los ayuntamientos porque no puede fraccionar un territorio a la hora de contratar el servicio". Novoa entiende que con el nuevo auto el juez viene a dar la razón a MAS, "entre otras cosas porque el proceso de privatización del agua en Lepe es una chapuza". Novoa añadió que "es la segunda vez que la Justicia da un tirón de orejas al alcalde".

El máximo responsable de la empresa Gestión Integral del Agua de la Costa de Huelva optó nuevamente por tender puentes al municipio lepero e invitó a su alcalde, el popular Manuel Andrés González, a "dialogar para obtener la mejor salida posible para todos". Según Miguel Novoa, ante este asunto "no tiene cabida ningún tipo de recurso", por lo que "si sigue adelante podría estar cometiendo delito". "No es normal que a un alcalde le hayan echado atrás en menos de seis meses dos expedientes para la privatización del agua, así que no lo estará haciendo muy bien cuando le han dicho en dos ocasiones que ese no es el camino correcto".

Miguel Novoa recalcó en una rueda de prensa que había convocado para una hora después del pleno la necesidad de que Lepe se incorpore a la MAS, ya que hay cuatro partidos (PSOE, PP, IU y PA) y 65 ayuntamientos en la nueva Mancomunidad Provincial. Para Novoa, parece claro que el paso cambiado lo lleva el alcalde lepero y no los 65 consistorios que ya se han incorporado a un proyecto que "apuesta por la solidaridad entre comarcas".

Novoa dejó claro que la resolución judicial que se conoció ayer mantiene la suspensión cautelar que sigue en vigor y que no puede seguir adelante (el Ayuntamiento) con el expediente de contratación del agua en baja en parte de su territorio".

El caso es que tras el varapalo jurídico el Consistorio necesitaría otros tres meses para articular un nuevo procedimiento y la cobertura de la Mancomunidad de la Costa llegaría hasta el 31 de diciembre por lo que está obligado a negociar con Giahsa.

Miguel Novoa aseguró en su comparecencia que el auto no entra en el fondo porque es una suspensión cautelar pero aporta el dato de que no se puede fraccionar el territorio porque hay redes comunes y no cabe separar "como pretenden hacer". Otro cabo por resolver es qué pasa con el territorio de Islantilla, que comparten Isla Cristina y Lepe. Allí habría que realizar nuevas inversiones, unas infraestructuras que debería acometer el Consistorio lepero ante su intentona de salida de Giahsa.

La conclusión de Novoa es que el proceso abierto por el Ayuntamiento de Lepe perjudica al resto de municipios.