La comunidad andaluza es una de las que menos dióxido de carbono por habitante emite a la atmósfera. Según la consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, Andalucía es la tercera autonomía en este apartado, aunque "no estamos satisfechos", y manifestó la voluntad de la consejería de "trabajar para dejar de ser los terceros y alcanzar mejores posiciones".

La consejera, quien participa como ponente en el curso 'Medio ambiente, desarrollo y cooperación en España e Iberoamérica. Un análisis multidisciplinar aplicado a varias escalas', señaló que Andalucía se encuentra "a la vanguardia en el trabajo contra el cambio climático", aunque, hasta el momento, los resultados obtenidos no tienen "las mismas dimensiones".

Una de las principales estrategias de Medio Ambiente para luchar contra este fenómeno es la llamada 'Estrategia Andaluza de Cambio Climático', la cual lleva en funcionamiento desde 2002. Para Castillo, Andalucía es, en este sentido "pionera en España y en Europa", y, en los siete años que lleva activa, ha propiciado una inversión de 735 millones de euros, así como un cumplimiento "del 65% de las 140 medidas que nos hemos impuesto desde el Gobierno andaluz".

Esto ha supuesto, según sus palabras, que en este periodo de tiempo se hayan dejado de emitir cuatro toneladas de CO₂ a la atmósfera. De esta manera, se ha pasado de emitir 8 toneladas de dióxido de carbono por habitante a las 6,5 actuales.

La sostenibilidad fue otro de los ejes que la consejera mencionó durante su intervención. Según sus palabras, "en Andalucía no puede haber una actividad que no tenga en cuenta mantener y conservar todo lo que nos rodea". El concepto de sostenibilidad, indicó, agrupa a los campos de la "economía, al sector social del desarrollo sostenible y al sistema energético".

La aprobación de la Ley Andaluza de Gestión del Agua ha supuesto un "momento histórico" para la comunidad autónoma. Esto se debe a que hace unos años Andalucía tenía muy pocas competencias en materia de gestión de recursos hídricos. Sin embargo, a partir del uno de enero de 2009, la Junta posee competencias "sobre todas las aguas que discurren por Andalucía".

Esta gestión repercute "en el ahorro, uso y control del agua", así como en la depuración o en el tratamiento de estos recursos. Para la consejera, esto supone "una garantí a para los andaluces" y el derecho de todos los ciudadanos a tener agua en la cantidad y la calidad suficiente. Otra de las novedades que ha supuesto la aplicación de esta normativa es el hecho de que por primera vez compete a la administración andaluza regular las aguas subterráneas, además del régimen de prevención de inundaciones.

En lo que se refiere a cooperación internacional, Castillo indicó que la colaboración con otros países se realiza a través del Centro de Investigación, Fomento y Aplicación de las Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA). Como ejemplo, la consejera relató los trabajos realizados en el departamento uruguayo de Canelones, el segundo más poblado tras Montevideo. En este enclave se ha puesto en marcha una planta de tratamiento y depuración de aguas residuales, en la que el CENTA colaboró en el diseño del complejo y en la construcción, así como en labores de asesoramiento.

Siguiendo con su intervención, Castillo abogó por "un cambio en el modelo productivo" redimensionando a los distintos sectores productivos para "alcanzar el objetivo del pleno empleo, pero un empleo de calidad", así como para lograr una conservación y una mejora de los recursos naturales. Este sería un "nuevo paradigma" de crecimiento económico en el que se gestionen los recursos de modo racional. Este modelo es, según sus palabras, "la única forma de crecimiento sostenido a largo plazo".

Por este motivo, la consejera incidió en que desde el departamento que coordina se le otorga una gran importancia al "urbanismo sostenible", en el cual se protegen tanto el suelo como el territorio. De esta manera, toda actividad urbanística que se lleve a cabo "tiene que estar no sólo en el presente, sino en el futuro", por lo que resaltó la importancia de rentabilizar el patrimonio y "dejar en las mejores condiciones posibles el suelo y el patrimonio".

Otro de los elementos a los que hizo mención la consejera fue la reformulación de la ley de Espacios Naturales. Según sus palabras, han pasado veinte años desde su aprobación y "estamos ante un nuevo escenario". Por este motivo, la nueva normativa contaría con una planificación "basada en el equilibrio, la protección y el desarrollo". Esta legislación afectaría a una gran cantidad de espacio en toda Andalucía, ya que el 20% del territorio andaluz está bajo algún tipo de protección ambiental.