Casas de aperos que se convierten en chalés con piscina, viviendas que surgen sin tramitación alguna en pleno Parque Natural de la Sierra de Aracena o edificaciones en núcleos dispersos al margen de lo establecido en la normativa urbanística. El catálogo de edificaciones construidas o reformadas al margen de la ley es amplio en la provincia de Huelva (se trata de miles de ellas) y la actuación de los ayuntamientos, que ostentan las competencias de disciplina urbanística, ha sido prácticamente inexistente durante años. Ahora los ayuntamientos que se han acogido al denominado Plan de Inspección Municipal de la Junta de Andalucía decidirán sobre el futuro de las edificaciones existentes en suelo no urbanizable y determinarán si pueden legalizarse, son derribadas o quedan fuera de ordenación, una figura por la que se salvarán de la piqueta por el momento.

Ese es el objetivo último del denominado Plan de Inspección Municipal que la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio está poniendo en marcha en colaboración con siete municipios de la provincia. A los ayuntamientos se les ofrece la posibilidad de colaborar en la elaboración de un plan de inspección en el que hará un inventario de las edificaciones existentes en suelo no urbanizable para después decidir su futuro conforme a lo establecido en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Es decir, que se anima a los municipios a cumplir la legislación contando, aseguran desde la Consejería, con la ayuda de la administración autonómica.

Aracena, Galaroza, Alájar, Jabugo, Cortegana, Ayamonte y Rociana se han acogido hasta ahora a este programa. Los ayuntamientos de estos municipios están iniciando sus planes con una campaña de detección de todas las edificaciones existentes en suelo no urbanizable, sean legales o ilegales. Cada edificación contará con una ficha con la caracterización de esa edificación, si se trata de una vivienda u otro tipo de edificio, el uso que tiene (vacío, primera o segunda residencia), si cuenta con licencia o si está inmersa en un procedimiento judicial, además de fotografías. Esas fichas serán remitidas a la Consejería de Vivienda, que hasta el momento ha recibido 29 de ellas, para iniciar la segunda fase del plan y determinar cuál es el futuro de esas construcciones, algo que decidirán los municipios con el asesoramiento de la Junta. Se establecerán así unos criterios sobre las edificaciones existentes que después serán incorporados al planeamiento urbanístico de los pueblos.

Con este trabajo se responderá a una de las principales inquietudes de los municipios y de la Administración autonómica respecto a las construcciones ilegales, qué hacer con las existentes, conscientes de la imposibilidad de demolerlas todas. Habrá edificaciones que sean legales o se puedan legalizar, regularizando su situación, mientras que otra tendrán que ser derribadas en aplicación de la legislación urbanística.

Sin embargo, un grupo numeroso de edificaciones quedará bajo el concepto de "fuera de ordenación", una figura creada en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) con una atención especial a las edificaciones ilegales en suelo no urbanizable existentes a la entrada en vigor de la LOUA (2002) contra las que ya no era posible iniciar un expediente sancionador. Para estas edificaciones se establece con carácter general la imposibilidad de hacer obras de reforma salvo las que "exija la estricta conservación de la habitabilidad o la utilización conforme al destino establecido", con el teórico objetivo de que estas edificaciones vayan desapareciendo por simple envejecimiento. Pero la propia LOUA también contempla la posibilidad de autorizar obras de reforma en las edificaciones que han sido declaradas fuera de ordenación y determina que serán los planes generales de ordenación urbana, los instrumentos de planeamiento de los ayuntamientos, los que definirán "los actos constructivos y los usos de que puedan ser susceptibles las correspondientes construcciones". En la práctica, de nuevo serían los municipios a través de sus PGOU los que determinarían el futuro de estas construcciones. La clave para que esta figura no se convierta en una vía de mantenimiento de las edificaciones existentes la da el fiscal de Medio Ambiente, Alfredo Flores: "Lo importante es que se vigile que no se haga nada que no se pueda hacer, vigilar para que esta figura esté bien aplicada".

Todavía queda mucho camino por recorrer para llegar a ese momento, más teniendo en cuenta que Huelva es una de las provincias andaluzas más atrasada en la entrega de fichas a la Consejería de Vivienda. La Consejería ha establecido una serie de áreas de actuación prioritaria para dar impulso al control de las edificaciones ilegales, que en Huelva son la Sierra, la Costa Occidental y la capital y su área de influencia, aunque también se están acogiendo a este programa municipios fuera de estas áreas que lo solicitan. En el caso de la Sierra, la redacción de los planes continuará con la labor realizada por la Dirección General de Inspección, que encargó a la Guardia Civil la realización de una campaña a lo largo del pasado año en varios municipios del Parque Natural. La detección de diversas ilegalidades culminó en expedientes sancionadores y con varios imputados, aunque en otras ocasiones se optó por el camino administrativo que implica multas para las viviendas ilegales que oscilan entre el 75 y el 150% del precio de la vivienda.