Los sindicatos CSI-Csif y la Fsap-CC OO se mostraron ayer preocupados por el "alarmante aumento" de agresiones físicas que están soportando los trabajadores del centro penitenciario de Huelva, ya que en los últimos seis meses, seis funcionarios de prisiones han sufrido agresiones físicas que han requerido asistencia médica. Así, han querido denunciar "la imagen de impunidad que la política penitenciaria llevada a cabo por Mercedes Gallizo, como máxima responsable de la Administración Penitenciaria, está trasladando hacia aquellos internos que protagonizan graves alteraciones regimentales" en los centros penitenciarios, donde no se han creado medidas legales y materiales que prevengan y corrijan estos graves incidentes.

Por ello, apelaron públicamente al fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Huelva para que las agresiones físicas a funcionarios de Instituciones Penitenciarias sean calificados "como atentado a la autoridad y no como faltas de lesiones, resueltas con multa no satisfecha por el interno, al ser declarado insolvente".

Este tipo de incidentes, dicen, están siendo habituales por la falta de personal funcionario y la "sobreocupación" o masificación que la prisión onubense viene padeciendo desde el pasado año.

El centro, que está diseñado para 1.008 reclusos, actualmente alberga a una población media de 1.800 presos. Este déficit de personal (en el concurso del año pasado se perdieron 39 funcionarios) se verá agravado "por la apertura del nuevo Centro de Inserción Social (CIS), que absorberá a unos 13 funcionarios de la cárcel provincial de Huelva.