La Conexión Sur Metropolitana, los puentes que unirán la capital con Punta Umbría, podría contravenir al menos una directiva europea, el convenio Ramsar e incluso la legislación andaluza de espacios protegidos. El principal handicap de los puentes, más allá de lo elevado de su coste, es el paso por las Marismas del Odiel, un espacio con diferentes figuras de protección que los grupos ecologistas esgrimen para pedir la retirada del proyecto.

El paraje natural Marismas del Odiel, con sus 6.631 hectáreas de terreno, cuenta, además de con la protección de la figura de paraje natural, con la que le otorga la directiva europea de Hábitats, una norma que se aplica a todos los espacios incluidos en la red Natura2000. El objetivo de dicha directiva es precisamente la protección de los hábitats, la fauna y flora silvestres y por ello marca unas limitaciones en cuanto a las actuaciones que es posible realizar en las zonas protegidas.

Y según el abogado especializado en medio ambiente Jesús Vozmediano, en esta normativa se encuentran algunos de los fundamentos por los que considera que "los puentes a Punta Umbría no pueden hacerse". La directiva de Hábitats crea una red de espacios en los que se debe garantizar "el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento en un estado de conservación favorable, de los tipos de hábitats naturales y de los hábitats de las especies", red en la que se incluirían las Marismas del Odiel.

En su articulado establece unas limitaciones para la ejecución de proyectos en estas zonas. Así, señala que cualquier plan o proyecto se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar y las autoridades nacionales "sólo se declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión". El proyecto de la Conexión Sur contempla la construcción de un puente arco desde la Punta del Sebo hasta la otra orilla del río Odiel, que posteriormente atravesaría las marismas con una plataforma sobre pilotes, una carretera suspendida, precisamente, para evitar el impacto que supondría ejecutarla sobre el terreno. Pero con pilotes o no, Vozmediano señala que "el impacto sobre la flora y la fauna es evidente" y la construcción de los puentes supondría por tanto "una clara vulneración de la directiva". Es más, para el abogado el impacto es tan claro que "ni siquiera debería de emplearse tiempo y esfuerzo en la evaluación de impacto ambiental" (la Administración autonómica no se ha pronunciado al respecto ante el requerimiento de este diario).

Según la directiva de Hábitats, sí que existe la posibilidad de desarrollar un plan o proyecto a pesar de que éste pueda tener un impacto negativo sobre una de las zonas protegidas por la misma, cuando sea imprescindible. El artículo 6.4 de la directiva establece que cuando "a falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan o proyecto por razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas las de índole social o económica, el Estado miembro tomará cuantas medidas compensatorias sean necesarias". Por esa puerta considera Vozmediano que "la Junta intentará justificar el proyecto", pero para el abogado no hay excusa: "El puente no es imprescindible porque ya hay dos carreteras hacia Punta Umbría: ¿Cuál es la finalidad de este puente, llegar diez minutos antes a un lugar de ocio?". Es más, según la directiva, si el lugar en el que se quiere actuar alberga un tipo de hábitat natural prioritario para la UE (caso de Marismas del Odiel) el proyecto sólo podrá llevarse a cabo alegando razones de salud humana, seguridad pública u otras razones "imperiosas de interés público de primer orden". Ese fue el caso del embalse de Melonares, en Sevilla, donde la UE accedió al proyecto por alegarse razones de fuerza mayor tras una gran sequía en la que peligró el consumo humano. "Y aún así se establecieron medidas compensatorias muy fuertes".

Por todo ello, el abogado asegura "taxativamente que este proyecto no se puede hacer". Y en el caso de que la Junta de Andalucía siga adelante con el mismo, el proyecto llegará hasta Europa. Vozmediano es portavoz del Club Doñana, una asociación que integra a diferentes personas entre las que se encuentran miembros del antiguo Patronato del Parque Nacional como Javier Castroviejo (que fue director) o Alfonso del Castillo. Y el Club está dispuesto a elevar una queja a la comisión de medio ambiente de la Unión Europea sobre este proyecto a la mayor brevedad. El primer paso es remitir una misiva al presidente Manuel Chaves instándole a ratificar o no que la Junta seguirá adelante con la infraestructura. En el caso de que no conteste o la respuesta sea afirmativa, "inmediatamente interpondremos la queja". El objetivo es que la Unión Europea investigue el asunto y lleve el caso al Tribunal Europeo de Justicia si considera que se está vulnerando una directiva, como ya ha ocurrido con el asfaltado del camino entre Villamanrique y El Rocío.