Trataron de acceder a las cámaras de seguridad de una superficie comercial de Huelva simulando ser agentes de la autoridad y ahora se enfrentan a una investigación que puede llevarlos al banquillo de los acusados. El Juzgado de Instrucción 3 de Huelva investiga por estos hechos a tres hombres, a los que atribuye inicialmente la comisión de delitos de usurpación de funciones públicas y falsedad documental.

Las pesquisas son el resultado de la investigación llevada a cabo por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional de Huelva en el marco de la llamada operación Portillo, en la que también ha colaborado la Guardia Civil. Huelva Información ha tenido acceso a parte de la causa, concretamente a un resumen del atestado policial remitido a la jueza Margarita Borrego, documento en el que los agentes detallan cómo la principal línea de investigación se centra en lo que llaman la ejecución de “un vuelco”, es decir, el robo de droga por parte de unos narcotraficantes a otros en el mismo momento del alijo (o poco después). 

Así, los policías subrayan que el que los ladrones dejaran abandonados en las inmediaciones del supuesto alijo  un pasamontañas y un walkie y que estos efectos fueran recuperados por los imputados es lo que acaba desencadenando los hechos que a continuación se relatan cronológicamente.

18 marzo 2016

A las 20:35 dos hombres, a los que llamaremos Manuel y José para no desvelar su identidad, acceden a un centro comercial de artículos deportivos que se encuentra en el polígono Huelva Empresarial. Se dirigen al vigilante de seguridad, al que José conoce bien (ambos compartieron banquillo de los acusados en un juicio por narcotráfico del que salieron absueltos),  y le solicitan que se acerque a la caja y pregunte si se puede saber quién realizó una determinada compra. El vigilante accede a hacerles la gestión y les comunica enseguida que es factible. Los tres se acercan a la caja. José entrega la etiqueta de un producto a personal del comercio y le pide que trate de localizar el ticket de compra. Le especifica que es seguro que se realizó pocas semanas antes.

Pero la búsqueda no da resultado. Así que entonces José saca un pasamontañas de su chaquetón para localizar el ticket a través de su código de barras. La dependienta mostró varios recibos a los dos imputados. Manuel marca con boli uno de ellos y se lo guarda. Conseguido su objetivo, este último sale del centro comercial, abre su coche y regresa a la caja con un walkie de color amarillo, pero esta vez la gestión no acaba con éxito. El vigilante luego testificó que no conocía a Manuel y José y que pensó que eran policías.

La compra se realizó el 11 de marzo y a las 15:41, apenas una semana antes de esta primera incursión. En el ticket consta que se abonaron algo más de 50 euros por la adquisición de tres pasamontañas y dos mallas negras, un chaleco, dos camisetas térmicas y un gorro reversible.

19 marzo 2016

En torno a las 19:00, Manuel y el tercer imputado, guardia civil en activo –y absuelto en un procedimiento por tráfico de drogas– al que llamaremos Benito, se dirigen a la recepción del centro comercial ya mencionado. Preguntan por la directora, que acude a la llamada. Se identifican como guardias civiles pertenecientes a la Policía Judicial. Benito le muestra la placa y su carné profesional. Dice ser el sargento Portillo, apellido que da nombre a la operación policial, e indica a la directora que necesita ver las imágenes del sistema de seguridad del negocio, concretamente las del 11 de marzo a las 15:41. Agrega a todo ello que tienen todos los datos, incluido el número de caja, y que le urge acceder a ellas para obtener pruebas que aportar al juzgado donde se había presentado la denuncia. La Udyco precisa aquí que ni tal denuncia ni la investigación existen en ningún área de la Guardia Civil.

Benito y Manuel le cuentan que necesitan identificar a tres personas. La directora del centro les requiere un oficio policial o una orden judicial para mostrarles los vídeos. Manuel insiste: pregunta si esas imágenes todavía existen en el sistema, puesto que si las habían borrado no continuarían con las indagaciones. Se marchan.

Benito contó a un compañero de la guardia civil que ese día había acudido a la superficie comercial para echar un cable a Manuel en unas gestiones por un robo del que había sido víctima. La Udyco recalca que no había denuncia y que la gestión era ajena a su trabajo como agente de la autoridad.

21 marzo 2016

José acude al centro comercial a las 12:17. Pregunta por el vigilante de seguridad al que conoce, pero no trabaja ese día. Así que se da media vuelta y se va.

22 marzo 2016

El sargento Portillo ha sufrido una metamorfosis. Ese día ya no es Benito, sino José, que acude a las 14:40 y en solitario al establecimiento vestido de paisano y con una pistola al cinto (quizá una réplica), como aseguran los testigos. Muestra a la seguridad privada su placa (auténtica) y un carné que lo identifica como guardia civil. También entrega el pertinente oficio falso (con firma ficticia pero sello original) que le ha facilitado Benito, supuestamente. El vigilante al que José conoce, un responsable del centro comercial y el supuesto sargento Portillo entran al cuarto de visionado de las imágenes. Según un testigo, José pone un dispositivo USB sobre la mesa y pide que le grabe el vídeo. En ellas se ve a un joven alto y delgado. José se pone nervioso y manifiesta a los presentes que ya ha visto todo lo que tenía que ver. Deja allí el pen drive para volver en otra ocasión a por las imágenes.

Cuando José se marcha, alguien entra en el centro comercial y entrega al vigilante un teléfono, según los testigos. Al otro lado de la línea alguien lo amenaza: “Por ayudar a un amigo te estás metiendo en una guerra que te queda grande. Te está pidiendo unas imágenes que no quiero que des; esto no es una amenaza pero te conozco a ti y a tu hija”, le espeta un hombre con acento extranjero. José vuelve a entrar en el centro, se entera de lo ocurrido y le dice al seguridad que “voy a llamar a la Comandancia”.

Estos acontecimientos impulsaron a los responsables del establecimiento a interponer la denuncia que dio lugar a la causa judicial, cuyas actuaciones se mantuvieron  bajo secreto hasta finales de mayo.

versión de un investigado

Uno de los implicados en el caso aseguró a Huelva Información que lo que la Policía entiende como la posible sustracción de un alijo entre distintas bandas no es más que el robo de una embarcación neumática por la que los propietario solicitaban una gran suma de dinero al responsable de su custodia, José, y que los investigados estaban tratando de dilucidar quiénes eran los cacos.