El Ayuntamiento de Huelva abrirá mañana un expediente sancionador y de restitución de la legalidad urbanística a los responsables del movimiento de tierras realizado en la parcela protegida del Plan Parcial 8 - El Seminario. Estos trabajos, considerados "ilegales"por el Consistorio, han dañado el yacimiento arqueológico denominado Santa Marta-La Orden, en el que se encontraban restos que se remontan hasta el periodo del Calcolítico, del cuarto milenio antes de Cristo.

El concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Públicos, Manuel Gómez, aseguró ayer a través de una nota de prensa que la entidad titular de la parcela afectada "en ningún momento ha solicitado al Consistorio licencia de obras para la ejecución de estos movimientos ilegales de tierra". Gómez dejó claro que "bajo ningún aspecto" se hubieran otorgado los permisos "sin el estudio y supervisión arqueológicas pertinentes, pues es una prioridad defender y salvaguardar el patrimonio de Huelva".

Desde el Ayuntamiento se asegura que está ya realizándose un informe arqueológico para valorar los daños causados al patrimonio histórico onubense, que se incorporará al expediente sancionador que se abrirá mañana.

De forma paralela, y al margen de las actuaciones municipales, Manuel Gómez informó que se dará traslado desde el Ayuntamiento "de todas las actuaciones y la documentación pertinentes a la Fiscalía de la Audiencia Provincial por si los hechos pudieran ser constitutivos de algún tipo de delito o infracción, así como a la Delegación Territorial de Cultura por las posibles responsabilidades administrativas que pudieran derivarse".

Fuentes de la Junta de Andalucía confirmaron ayer a Huelva Información que Cultura está investigando los hechos desde el miércoles pasado, cuando el Seprona lo puso en su conocimiento tras la presentación de una denuncia ante la Comandancia de la Guardia Civil por parte del arqueólogo Diego González Batanero.

Técnicos de la Delegación Territorial de la Consejería ya han visitado días atrás la parcela para evaluar de qué forma ha sido afectado el yacimiento arqueológico y en estos momentos se trabaja en la redacción del informe que se remitirá esta misma semana al Seprona. Fuentes de la Guardia Civil han admitido que la investigación no está cerrada todavía y que siguen practicándose diligencias.

Desde Cultura se asegura que corresponderá a la Fiscalía la determinación del tipo de falta producida y qué tipo de sanción será aplicable. En caso de que sea administrativa, la Administración actuará contudentemente.

Manuel Gómez, también portavoz del equipo de gobierno municipal, fue tajante en su pronunciamiento, al subrayar que desde el Ayuntamiento de la capital "se tomarán todas las medidas posibles para sancionar contundentemente este expolio ocasionado a Huelva, a su patrimonio y a su historia".

El Código Penal, en sus artículos 323 y 324, contempla el castigo a quienes causen daños en elementos del patrimonio histórico con una especial protección, entre los que se encuentran los yacimientos arqueológicos. Cuenta como acción punible la destrucción o menoscabo de la cosa mueble o inmueble objeto del delito por cualquier medio, y se condenará según se hayan causado los daños de forma intencionada o por imprudencia grave.

En el primero de los casos, la ley prevé penas de prisión de uno a tres años, más multa de 12 a 24 meses. Para los daños causados por imprudencia grave, la pena se limitaría a una multa de 3 a 18 meses, según la importancia de los daños considerada.

La Consejería de Cultura resolvió el 29 de marzo de 2007 la inscripción de la ampliación de la Zona Arqueológica de Huelva con el sector B-3, denominado Santa Marta-La Orden, en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, con especial protección.

En las instrucciones particulares, recogidas en el Anexo II de la Orden de Cultura, se establece expresamente que "las obras que supongan remociones del subsuelo deberán estar sometidas a las cautelas arqueológicas impuestas por la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura en Huelva".

Del mismo modo se detalla en el apartado 3e de las Instrucciones relativas a la protección, que "será preciso de una intervención arqueológica todos aquellos movimientos de tierra que supongan una modificación de la topografía actual del terreno".