Los vigilantes privados del centro penitenciario de Huelva han presentado más de una veintena de informes sobre altercados registrados y actuaciones que vulneran el Estatuto de los Trabajadores y el convenio colectivo. Cuatro vigilantes han pedido el traslado por la problemática surgida en la prisión. Amenazas entre trabajadores, ausencia de pautas a seguir durante el servicio y turnos de doce horas son algunas de las denuncias realizadas por la asociación Marea Negra.

La asociación acusa a la empresa Ombuds, encargada de la seguridad, de hacer caso omiso a los problemas que se producen en la cárcel a pesar de la veintena de informes que han enviado, tanto a la dirección empresarial como al departamento de riesgos laborales.

Algunos de los informes se refieren a enfrentamientos, agresiones y acosos en la plantilla fija del servicio, una situación que ha motivado tres bajas laborales (se están cubriendo con otros tres vigilantes), a peticiones de traslado y la jornada laboral.

Los hostigamientos entre vigilantes han llegado hasta los juzgados de Huelva. En uno de los enfrentamientos un operario llegó a desplazar a otro con su vehículo fuera de la carretera. La empresa tiene conocimiento de éste y otros altercados y sin embargo no hace nada para poner fin a la situación que se vive desde hace meses, según Marea Negra.

Otra problemática es la de las horas extras, "sobrepasando con creces las 80 anuales que marca el convenio colectivo de la seguridad privada", ya que la asociación asegura que llegan a trabajar en algunos casos 264 horas mensuales, en turnos de 12 horas diarias (más de 100 horas extras en un mismo mes).

Marea Negra denuncia que este régimen de trabajo impide conciliar la vida laboral y familiar y que "conduce a un estado físico y mental de los trabajadores hasta llegar a la agresividad, hostilidad y cansancio".

Esta circunstancia ha llevado a cuatro vigilantes, de los siete iniciales, a solicitar el traslado a otras prisiones con plazas vacantes de nueva adjudicación, peticiones todas ellas que han sido denegadas como "castigo encubierto". Sin embargo, según la asociación, el departamento de operaciones de Ombuds aconsejó el traslado de uno de ello "para poner fin al enfrentamiento que mantenía con otro y evitar un nuevo caso como el que se produjo en enero de este año cuando dos vigilantes resultaron heridos tras una disputa a causa de la desorganización en la empresa". Los dos se encuentran de baja laboral.

La asociación firma que la empresa "tiene castigados a los vigilantes de Huelva y que el castigo consiste en dejarlo todo como está y no conceder los traslados, para que pierdan los papeles y cometan actos, debido a la tensión, que faciliten su despido a través de resoluciones judiciales". De hecho cuatro vigilantes están a espera de que se resuelvan las denuncias presentadas.