Eran viviendas de lujo, con todas las calidades y comodidades -incluso ascensor privado-, situadas además en el que probablemente es el lugar más privilegiado de la capital: el Conquero, con vistas a la ría. Sin embargo, la empresa que promovió la construcción y venta de las cuatro casas ubicadas en la avenida Manuel Siurot, frente al palacio arzobispal, no consiguió compradores y la obra fue pronto objeto del saqueo y, más tarde, de la ocupación por parte de un grupo de personas que mantiene en jaque a los vecinos de la zona. Peleas y comportamiento incívico, acumulación de suciedad y basuras, presencia de animales sueltos sin control sanitario y proliferación de roedores, entre otros perjuicios, han sido denunciados por los residentes en las viviendas circundantes a las cuatro casas ocupadas.

"Estamos amargados", confiesa uno de los vecinos. "Ahora mismo hay unas 12 o 14 personas ahí dentro, pero cada día hay más, cada día se agrava más el problema -explicó a Huelva Información-, ¿Tú te crees que puedes estar asustado en tu propia casa?".

Los residentes en el barrio, una zona normalmente tranquila de la capital, llevan meses llamando a la Policía prácticamente cada día. Cuentan que los agentes acuden, piden la documentación a los individuos que viven en las casas pero poco más. Eso sí, recomiendan a los vecinos que denuncien la situación ante el Ayuntamiento, algo que han hecho en varias ocasiones a través de escritos.

Hace escasas fechas la Gerencia Municipal de Urbanismo contestó a uno de estos escritos, que iba acompañado de un parte de actuación del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos y otro de la Policía Local de marzo y mayo de 2014, respectivamente, en los que también se solicitaban que se ejecutasen las acciones necesarias para que la propietaria de las casas realizase las obras que impidiesen que personas ajenas accediesen a su interior.

En el decreto de la GMU se comunica al denunciante, con fecha de registro de octubre de 2014, la orden de ejecución dictada contra la empresa propietaria de las viviendas, que debía en el plazo de un mes proceder a la limpieza de toda la basura y escombros existentes y al tapado de los huecos de puertas y ventanas y el cerramiento exterior de las viviendas, tras comprobar los técnicos la veracidad de la denuncia.

No obstante, la empresa no ha asumido esa responsabilidad y la GMU confirma que efectivamente no ha habido comunicación por parte de la misma, pero niega que el expediente esté parado. Muy al contrario, ante la imposibilidad de notificar en diversas ocasiones la orden de ejecución, la gerencia la publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y dio de plazo a la empresa hasta el 27 de mayo para que se pusiera en contacto con la GMU o asumiera la orden, cosa que no ha sucedido. Precisamente hoy, una vez agotado el plazo otorgado, se reunirán los distintos departamentos competentes dentro de la gerencia para determinar cuáles son las siguientes medidas que se deben tomar para resolver la situación, aunque de momento se descarta la ejecución subsidiaria por suponer un proceso muy complejo en viviendas ocupadas.

Mientras, los vecinos recogen firmas de apoyo que avalen sus próximas denuncias.