Una veintena de trabajadores de la empresa de seguridad Templar, que en Huelva emplea a 62 personas que se encargan de las tareas de vigilancia y protección de diversos centros de la Junta y el Gobierno central, se concentraron ayer ante las puertas de la Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, edificio en el que prestan un mayor servicio, para protestar por los "reiterados retrasos" en el cobro de sus nóminas desde diciembre de 2014.

Así lo explicó ayer a este periódico uno de los miembros del comité de empresa, Francisco Chica Flores, quien también se refirió al incumplimiento, por parte de la empresa, del convenio colectivo en materias como reconocimientos médicos, falta de ropa de trabajo o la falta de cursos de reciclaje para prestar los servicios.

Templar debe a los trabajadores, según señaló, la paga de beneficios del pasado marzo, un adeudo que, según valoró, para los trabajadores es vital, ya que, en sus palabras, "nuestro sueldo no llega a 900 euros, por lo que cogemos aire con la paga".

Tras varias reuniones con la empresa, Chica Flores apuntó que esta ha indicado al comité "que la Junta le debe parte de facturación de cuando terminó el año", por lo que pidió a la Administración autonómica que pague en tiempo las facturas. Además, según apuntó, la empresa no tiene solvencia económica, por lo que "depende de que el banco le adelante el dinero de facturas de la Junta y de los servicios que tiene".

Según la información que maneja el comité, el Gobierno lleva las facturas al día, si bien la Junta "tiene servicios al día y otros que no". De ahí a que la concentración se celebrase ante la Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, si bien esta es "la única delegación de Huelva que está al día, a diferencia de la de Empleo o la Agencia del Agua, entre otras".

Según explicó Chica Flores, el pasado jueves el responsable de Limpiezas Marsol, a la que pertenece Templar, les comunicó "que estaba a la espera de que el Recreativo abonase una factura para poder pagarnos", un hecho que ve improbable el miembro del comité de empresa.

Los empleados de la compañía de vigilancia, además, exigieron a la Junta y al Gobierno central "que no saquen concursos con precios tan bajos" que favorecen a empresas que no tienen solvencia, ya que luego lo padecen los trabajadores.