Huelva

Víctimas de la ceguera institucional

  • La Asociación Cultural Sordos de Huelva denuncia la necesidad de intérpretes de la lengua de signos en la provincia onubense para atender públicamente a una comunidad de 11.000 personas

Una mujer, mayor, sorda, se cae por las escaleras de su casa en Galaroza por la noche. Su hijo, oyente, vive en Sevilla y no puede llegar a tiempo para socorrerla. Sólo puede avisar a un amigo en el pueblo, también sordo, que la acompaña a Urgencias del hospital de Riotinto. Allí se encuentran con un problema aún mayor: no hay intérpretes para la lengua de signos y la explicación de sus dolencias a los médicos se convierte en una tarea más que complicada.

Éste es un caso real que ocurrió este pasado fin de semana, sin ir más lejos. Pero es una situación que se repite con muchísima frecuencia. No siempre en hospitales o con accidentes. También en escenas tan cotidianas como al pedir un certificado de empadronamiento en un Ayuntamiento o reclamar el error en una factura a una compañía suministradora de electricidad. En la provincia y también en la capital. Porque es un problema común para 11.000 personas; las que constituyen la comunidad de personas sordas en Huelva. Las que se encuentran desamparadas, incomunicadas, dependientes únicamente de un intérprete que solo trabaja de lunes a viernes, abarcando los 79 municipios onubenses y con servicios sólo asegurados hasta junio. Lo que venga después, en una situación ya precaria y bastante deficiente, es una incógnita.

La Asociación Cultural de Sordos de Huelva hizo ayer la denuncia tras su encuentro con representantes de Izquierda Unida. La formación se ha interesado por la problemática de las personas sordas en Huelva y sirvió ayer de altavoz para difundir su situación, al tiempo que anunció dos iniciativas que serán incorporadas al programa electoral izquierdista de cara a la cita del 24 de mayo de las municipales.

Según explicó Pedro Jiménez en rueda de prensa, la propuesta de IU se concreta en la existencia de un intérprete en el Ayuntamiento de Huelva para facilitar todas las gestiones municipales que deban realizar las personas sordas en la capital. Pero también en la regulación específica del acceso a puestos de trabajo municipales de la comunidad sorda onubense, en igualdad de condiciones al resto de personas que opten a los empleos.

Estas medidas, destinadas a paliar en parte la discriminación efectiva existente en Huelva, son sólo una muestra de la posición desfavorable del colectivo y más concretamente de la falta de dedicación de las instituciones. A nivel estatal existe desde hace casi 8 años la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. Pero esta regulación es sólo teórica: a fecha de hoy, en abril de 2015, aseguran, no hay presupuesto ni medios para hacerla realidad. Las instituciones y administraciones, insisten, miran hacia otro lado.

La dimensión del problema es más clara cuando se recuerdan las cifras: 11.000 personas son sordas en la provincia de Huelva, un 2,1% de la población. En Andalucía, 176.000 personas, con una proporción similar del total. Y aún así, la incomunicación institucional, en pleno siglo XXI, es un hecho del que se avergüenzan y para el que piden soluciones.

"Queremos romper las barreras en la comunicación que tenemos en la provincia", apuntó ayer Águeda Millán, presidenta de la asociación. "Tenemos un solo intérprete para atender a 11.000 personas", subrayó. Y recalcó las dificultades actuales para el colectivo y la asociación que lo representa de forma mayoritaria: "Necesitamos al menos de otro intérprete. Gracias a una subvención de la Junta tenemos contratado a un trabajador social hasta junio. Después no sabemos qué va a pasar", explicó la presidenta aclarando que los medios propios de la asociación -que este año cumple su 25 aniversario- menguan cada año: "El número de socios ha ido a menos por las dificultades para pagar las cuotas y trabajamos en un local prestado porque no tenemos sede propia".

Ya no es sólo la necesidad de disponer de más intérpretes para atender a la comunidad de personas sordas de la provincia. Es también la necesidad de que estén disponibles todos los días y a cualquier hora para emergencias. Y que se puedan cubrir los gastos de desplazamiento por toda la provincia; un coste que también lastra las arcas de la asociación.

"Lamentamos haber estado mucho tiempo no sólo sordos sino también ciegos a sus necesidades", le dijo Pedro Jiménez a Águeda Millán. "Agradecemos la disposición de Izquierda Unida a recibirnos y a actuar porque necesitamos la ayuda de las instituciones", le replicó. Es, confían, una primera piedra para acabar con la falta de atención al colectivo.

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