Es necesario un informe científico definitivo, un "estudio epidemiológico prospectivo", que determine las causas del exceso de mortalidad en el entorno de la Ría de Huelva. Porque la precariedad de la salud de la población onubense es un hecho probado en relación a otras zonas similares. No se puede decir lo mismo de su relación con la industria, aunque tampoco se descarta. Faltan elementos de juicio para determinar el origen y obrar después en consecuencia. Aunque hasta entonces hay medidas que se pueden poner en práctica para paliar una situación que preocupa mucho a la ciudadanía. Sólo falta acompañar todas las actuaciones de la debida transparencia para que, además, se informe y se acabe con la desconfianza generalizada entre la población. Así se pronuncia el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, en su resolución al dictamen relacionado con el exceso de mortalidad y morbilidad en la Ría de Huelva, hecha pública ayer por su oficina. Un año han tardado en llegar estas conclusiones, que hacen suyas las recomendaciones incluidas en el estudio científico encargado a la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), con la coordinación del profesor Fernando Rodríguez-Artalejo, a raíz de la queja presentada por la plataforma ciudadana Recupera tu Ría, que fue acompañada en su día por 25.000 firmas.

Maeztu deja clara su posición como Defensor, teniendo en cuenta la preocupación de la población onubense, que comparte. Por ello cree necesario "acreditar suficientemente la veracidad de la premisa que relaciona el estado de salud y ambiental de la Ría de Huelva con la potencialidad contaminante de las empresas radicadas en el polo industrial".

Antes que cualquier otra consideración, pero sin desestimarla al mismo tiempo, la resolución estima que se debe aclarar la causa de una realidad "suficientemente acreditada" en cuanto a la "existencia de una situación de salud pública en la población asentada en la zona próxima a la Ría de Huelva comparativamente peor que la de otras poblaciones similares asentadas en otras zonas del territorio".

El comisionado del Parlamento reconoce que "pese a los esfuerzos realizados y a los diversos estudios e informes existentes sobre la situación de salud pública y ambiental en la provincia de Huelva, no es posible en estos momentos acreditar, más allá de toda duda razonable, si existe o no existe relación entre la mayor mortalidad apreciada en la zona y la existencia en la misma de un complejo industrial potencialmente contaminante". Esto se justifica en cuanto que "son diversos los factores que pueden potencialmente influir en la situación de salud y medioambiental de una determinada zona", por lo que subraya la necesidad de "disponer, para determinar esta cuestión de forma indubitada, de una información muy completa y exhaustiva, cuya obtención resulta difícil, lenta y costosa".

En el propio estudio elaborado por la SEE se insiste en que "se desconocen las razones concretas de la mayor mortalidad en la Ría de Huelva", aunque se apunta la posibilidad de que pueda deberse a "una combinación de factores sociales, ambientales, de estilos de vida y laborales".

En cualquier caso, la resolución publicada ayer por la Oficina del Defensor destaca que "no puede ni debe descartarse la relación causa-efecto entre el estado de salud pública en la Ría de Huelva y la presencia en la misma de industrias potencialmente contaminantes hasta tanto no se hayan realizado los estudios que los expertos dictaminan como necesarios para disponer de elementos de juicio suficientes para formular una conclusión fundada, ponderada y motivada sobre esta cuestión".

Llegado a este punto, el Defensor del Pueblo Andaluz subraya la necesidad de ejecutar especialmente una de las diez recomendaciones realizadas por la SEE en el dictamen, abogando por la realización de "un estudio epidemiológico de caracter prospectivo, con especial énfasis en la biomonitorización de los contaminantes en los habitantes de las áreas de interés para determinar la exposición real de la población, e integrar en dicho estudio de cohortes pequeños estudios anidados en colaboración con las autoridades responsables de la vigilancia de la contaminación ambiental para evaluar el impacto de las emisiones contaminantes sobre los niveles de dichas sustancias en la población". Del mismo modo se establece la idoneidad de "integrar estudios anidados en colaboración con grupos de investigación que estudian la entrada de contaminantes en la cadena trófica con trazadores medidos en la fauna y flora del área de interés, añadiendo la interrelación de dicha flora y fauna con la población humana".

No obstante, y mientras no se extraigan "conclusiones definitivas" del estudio que se reclama, el Defensor del Pueblo Andaluz solicita que en adelante se actúe en este sentido ante actuaciones que impliquen riesgos: "Cualquier decisión que pueda redundar en un aumento significativo del riesgo ambiental en la zona debería venir precedido de estudios rigurosos que, bajo la premisa del principio de cautela, acreditasen la oportunidad y conveniencia de dicha decisión".

Significativo es también que al hilo se recomiende "un proceso previo de debate y reflexión en el que tuviesen cabida todos los sectores y colectivos sociales de Huelva".

En este sentido, reconociendo su especial sensibilidad a la preocupación de los onubenses por este tema tras años de trabajo, la Oficina del Defensor destaca lo que considera un "evidente" problema de falta de confianza entre una parte de la población onubense y las administraciones competentes, "posiblemente como consecuencia de unas políticas informativas bastante desacertadas y poco adecuadas en el pasado, que se traduce en una notoria desconfianza y falta de receptividad hacia cualquier información relacionada con esta cuestión procedente de organismos e instituciones públicas".

Por eso, en la resolución, Maeztu destaca especialmente otra de las diez recomendaciones del dictamen de la SEE que suscribe: la creación de un Foro de Salud Pública de la Ría de Huelva, según indica el informe, como "canal estable de comunicación e intercambio de información sanitaria entre los distintos organismos de la Junta de Andalucía y los grupos y asociaciones más representativas de la sociedad civil de Huelva", a lo que considera el Defensor debería incluirse también todo lo relativo a información ambiental.

Además de los dos puntos referidos, la resolución del dictamen reclama el "cumplimiento efectivo" de las otras ocho recomendaciones enumeradas por la SEE, entre las que destaca la relativa a las balsas de fosfoyesos. Sobre éstas, en caso de recuperación del espacio situado junto a la ría del Tinto, se pide "monitorizar especialmente la captación de metales y radioactividad en el ecosistema de la cubierta vegetal".