El titular del Juzgado de Instrucción 5 de Huelva, el magistrado Javier Romero, ha reabierto la causa centrada en las presuntas irregularidades relacionadas con los cursos de formación para desempleados -subvencionados por la Junta de Andalucía- en la provincia de Huelva, que decidió sobreseer provisionalmente este verano ante la inconsistencia de los datos aportados en el informe preliminar presentado por la Policía Judicial, donde ya se apuntaba a la posible existencia de un fraude en la obtención de las ayudas, con presuntos delitos que van desde la falsedad documental a la estafa, la prevaricación o la malversación de fondos públicos.

En el auto de archivo provisional de julio (único en Andalucía) el magistrado manifestaba que "no se aportan indicios algunos de irregularidades en la concesión de las subvenciones a los beneficiarios de la provincia de Huelva, no siendo dable extrapolar automáticamente las posibles irregularidades cometidas en otras provincias". No obstante, dejó la puerta abierta a la aportación de más documentación, la que ahora obra en su poder y que hizo que el pasado 7 de octubre, tal y como confirmaron ayer fuentes judiciales a Huelva Información, decidiera reaperturar las diligencias de investigación.

Antes de que tomara esta decisión, incluso la Fiscalía onubense llegó a recurrir el sobreseimiento en reforma -señalaron fuentes del Ministerio Público a este diario-, pero el titular del Instrucción 5 emitió un nuevo auto de archivo en el que concretaba que "la investigación policial no es que no esté concluida, sino que no está iniciada, al menos en la provincia de Huelva, ya que no se aportan datos de posibles irregularidades, haciendo referencia en todo momento a lo ocurrido en la provincia de Málaga". Solicitaba a su vez a la Policía que recabara más datos de la administraciones que sirvieran para detectar "anomalías importantes que excedan de la mera irregularidad administrativa y presenten apariencia de conductas penalmente relevantes".

Y así ha sido. Las fuentes jurídicas consultadas por este rotativo precisaron que la contundencia de la documentación ampliatoria proporcionada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha sido satisfactoria para el magistrado, lo que le ha impulsado a reabrir el caso por el que se investigará al centenar de empresas onubenses beneficiarias de los cursos de formación para desempleados y los 12 millones de euros en subvenciones otorgados por la Junta para que se impartieran en nuestro territorio. Este es el cómputo global del que se parte en la fase inicial de la investigación, lo que no quiere decir que todas las empresas hayan cometido irregularidades ni que el destino de todo ese dinero haya sido ilícito.

El magistrado se ha limitado por el momento, concretaron las fuentes jurídicas inquiridas, a enviar oficios a la Administración regional -que le ha proporcionado todos los expedientes reclamados de inmediato- y a la Agencia Tributaria -datos muy concretos que no afectan al global del procedimiento- para que aporten la documentación pertinente. Por ahora no hay imputados.

Otras fuentes judiciales indican que la UDEF procederá, a instancias del instructor, a tomar declaración a los alumnos de los cursos (para comprobar que realmente recibieron la formación) y a los empresarios e instituciones que los impartieron, para verificar que realmente fue así y que no incurrieron en ningún delito. No se ha concretado a día de hoy el periodo de tiempo a investigar, aunque se irán acotando fechas a través de distintas resoluciones pendientes, precisaron las fuentes de este periódico.