Las negociaciones llevadas a cabo en el último año habían apuntalado un acuerdo de no agresión a nivel político-institucional entre el Consistorio de la capital y el Servicio de Gestión Tributaria (SGT) de la Diputación Provincial de Huelva. Una suerte de tregua prelectoral. El propio equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento -salvo alguna coletilla en los regates del pleno- lleva tiempo silenciando un asunto que finalmente desembocará en los tribunales, por la presión de los objetivos económicos del Consistorio, inmerso en un plan de ajuste desde 2012 con auditorías trimestrales de Hacienda. Y es que circula por la casa de la Gran Vía un decreto para interponer por vía de urgencia un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por el que el Consistorio reclama al organismo provincial 1.360.624 euros en concepto de "incumplimiento de los objetivos de gestión de los ejercicios de 2005 a 2009".

Según el documento al que ha tenido acceso Huelva Información -firmado por el alcalde, Pedro Rodríguez, y del que se dará cuenta en el pleno de la próxima semana-, los mandatarios del PP impugnan ante el Alto Tribunal Andaluz la resolución por la que el SGT desestimó este verano la reclamación del Ayuntamiento. Una denegación notificada el pasado 23 de julio por la presidenta del ente satélite de la Diputación, la socialista María Luisa Faneca, que ayer declaró a este periódico no tener constancia del procedimiento que han emprendido los populares, no habiendo recibido ninguna entrada al respecto en el registro del servicio de recaudación.

La también alcaldesa de Isla Cristina no presidía el ente provincial en el periodo cuyos pagos se reclaman (esa responsabilidad correspondió a Juan Serrato y, posteriormente, a Francisco Orta), si bien ha sido la interlocutora con el PP capitalino en el último mandato, en un clima de coordialidad buscada por ambas partes, pero que se ha topado con un desacuerdo ante el que los gestores del Consistorio han optado por recurrir al arbitraje judicial (como ha ocurrido con otros tantos frentes institucionales en materia económica, como es el caso de las deudas tributarias que el Ayuntamiento reclama a la Junta de Andalucía).

Uno de los objetivos que asumieron los periquistas con la aprobación del plan de ajuste municipal era la mejora de la eficacia recaudatoria, cuestión que en gran medida el Consistorio tiene delegado en el SGT, que gestiona cobros tan importantes como el del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (una bolsa de ingresos de más de 30 millones de euros anuales para las arcas públicas capitalinas), el de Vehículos de Tracción Mecánica, el de Actividades Económicas y muchas tasas municipales.

Precisamente al poco de entrar en vigor el plan de ajuste, hacia el ecuador de 2012, el alcalde firmó con Faneca un "acuerdo de estabilización para la gestión integral de los tributos locales y otros derechos públicos", convenio que en principio tiene una vigencia de diez años, prorrogable por cuatro más.

Desde que el regidor pusiera la cartera de Economía en manos de Saúl Fernández, el concejal se propuso promover un proceso de revisión del convenio que la Administración local tiene con el SGT. Hasta la fecha no se ha podido alcanzar un consenso a este respecto, según comentan desde el equipo de gobierno del PP. Los populares consideran que el SGT no cumple los objetivos recaudatorios, ni en las campañas de pago voluntario ni en el periodo ejecutivo, y que por ello procede una compensación económica al Ayuntamiento.

En esta fricción de criterios, el organismo de la Diputación aduce que el objetivo de gestión no conlleva penalización por incumplimiento, mientras que el Consistorio defiende que haya incentivos y penalizaciones en función de los resultados de cada ejercicio, buscando el máximo rendimiento a los derechos reconocidos en la liquidación de los ingresos municipales.

Sobre la eficacia recaudatoria, apuntan desde el PP municipal que, siendo la media española del 87%, en las otras dos capitales donde el servicio lo realizan las diputaciones provinciales, Cáceres y Albacete, el porcentaje de cobro supera el 90% de lo que corresponde por los tributos locales, "mientras que en Huelva, en el último año, no se llegó al 80%".

Por asumir la gestión de impuestos y tasas, el SGT recibe anualmente del Ayuntamiento de Huelva un "premio de cobranza" por una cantidad similar a la que ahora se le reclama por la vía judicial. En paralelo, en los últimos tiempos -una vez que se rescató la Oficina de Recaudación Municipal que estaba externalizada- el Consistorio onubense ha ido reestructurando sus propios servicios económicos en el edificio municipal de Pío XII, frente a los bomberos, a donde se han trasladado el departamento de Rentas, Inspecciones y, entre otros, Sanciones.