128 euros la ida y vuelta a Aracena

Desde el jueves, la cooperativa del taxi de Huelva Teletaxi se ha hecho cargo del servicio de transporte del personal de los órganos judiciales onubenses, un contrato menor que tendrá un máximo de tres meses de duración y que la Junta de Andalucía no oficializará hasta la semana que viene con los conductores. El presidente de Teletaxi, Roberto González, indicó ayer a Huelva Información que su compromiso pasa por poner a disposición de los trabajadores de Justicia dos vehículos a la vez, lo que no quiere decir que sean siempre los mismos coches los que trasladen a la plantilla, "sino que se van turnando tal como van entrando los servicios".

Eso sí, en caso de que ya haya dos taxis ocupados con estos desplazamientos, "en ningún momento podemos poner un tercero". Por el momento no son muchas las carreras que han realizado, más allá de "llevar el jueves a una fiscal a Ayamonte, esperarla y regresar" o de trasladar a un forense a Bellavista, especifica González, quien valora que "son servicios que aumentan la recaudación y que repercuten directamente en nuestros chóferes, en los que están de viaje y en los que se quedan en la capital, porque ahora tenemos dos coches menos parados".

Teletaxi detalló a este periódico que un servicio de ida y vuelta desde Huelva a Moguer tiene un coste aproximado de 25,8 euros; a La Palma del Condado, de 51,3 euros; a Valverde del Camino cuesta 57 euros; a Ayamonte, 63 euros, y a Aracena, 128 euros. A ello hay que sumar el tiempo de espera, que se cobra a razón de 14 euros la hora, por lo que la participación de un fiscal en un juicio en la sede judicial aracenense que tenga una duración total de dos horas puede alcanzar los 156 euros de coste para la Administración autonómica.

Hay que tener en consideración que, tal y como señala el fiscal jefe de Huelva, Jesús Jiménez Soria, sólo los integrantes del Ministerio Público suelen realizar entre tres y cuatro viajes diarios desde Huelva a la provincia y "prácticamente todos los días vamos a Ayamonte". Pese a la provisionalidad de la respuesta autonómica, "que es un parche, confiamos en que a partir de ahora el problema se solucione, porque si la Junta no hubiera dado esta respuesta estaríamos en una situación peligrosa".