Más de 900 millones de euros ha dejado de recibir la provincia de Huelva en la década pasada respecto al resto del país. Y se suman a los más de 500 del periodo anterior, en los años 90. El déficit en las inversiones se ha convertido en una losa para el tejido económico y social onubense que será muy difícil levantar en los próximos años y que repercutirá de forma decisiva en el futuro de Huelva. Porque en vez de desarrollo se comienza ya a hablar de regresión a todos los niveles por el freno agudizado en los últimos veinte años. Y sólo se podrá revertir la situación si se acometen de forma urgente actuaciones en infraestructuras que, a pesar de estar en boca de los dirigentes políticos la mayoría de ellas, no se han concretado después de años de promesas. Incluso antes de que la recesión económica vigente hubiera aparecido como excusa.

Esta deuda histórica ha sido revelada por el Consejo Económico y Social de la provincia de Huelva (CESpH) en su dictamen Las infraestructuras en la provincia de Huelva. Presente y futuro. El encargo realizado en octubre pasado a la Comisión de Trabajo de Infraestructuras, Movilidad y Vivienda ha dado ahora como resultado datos demoledores en cuanto al agravio comparativo que sufre el territorio onubense con el resto de España. "Una relación de inversiones per cápita por debajo de la media, más que garantizar un crecimiento adecuado y acorde con el que se produce en otras regiones, nos llevaría a una continua pérdida de competitividad que provocaría resultados tremendamente negativos en la sociedad provincial, la economía y el empleo", señala el informe.

La valoración de este déficit inversor en la provincia se extrae de la comparación de las inversiones medias per cápita en España y en Huelva en infraestructuras públicas. Más claro es en la década pasada, cuando el dictamen anota que "a partir del año 2000 se produce una pérdida de inversión y competitividad en infraestructuras de transporte y comunicaciones (viarias, ferroviarias, aeroportuarias y portuarias), así como en el cómputo global de todas ellas".

Los datos reafirman que en el periodo 2001-2010, la inversión media anual por habitante está 186 euros por debajo de la media nacional, siendo expresada esta cantidad en términos reales de la unidad monetaria del año 2000. Lo que supone que se dejaron de percibir en Huelva más de 90 millones de euros anuales, y alrededor de 904 en toda la década, tomando una población onubense media de 485.927 habitantes.

El dato es mucho más contundente si se tiene en cuenta la inversión por superficie, donde el déficit onubense, con una provincia de gran extensión pero poca población, se eleva a 6.963 millones de euros en la década pasada, por un desajuste de 68.754 euros respecto a la media nacional.

Pero, como observa también el dictamen del CESpH, es necesario tener en cuenta el dato de la licitación pública, ya que "la consignación presupuestaria de una Administración puede ser tremendamente elevada; sin embargo, el gasto real marcado por este indicador puede ser muy inferior a lo previsto". Y aquí se subraya la deuda histórica de la provincia.

En el periodo 2000-2013, tomando las licitaciones aparecidas en los boletines, calcula un valor total de 1.056 millones de euros corrientes como el déficit inversor de la provincia, de los que 451 corresponden a la Administración del Estado; 135 a la autonómica; y 470, a la local.

"Si comparamos el PIB per cápita de España y Huelva en la última década se observa una pérdida exponencial en la provincia. Cada vez representamos menos en el conjunto nacional y eso es por la falta de inversiones", explica a este diario Juan José García del Hoyo, presidente del CESpH.

El catedrático universitario de Economía, e integrante de la comisión de trabajo que elaboró el dictamen, aporta otra variable demoledora: "El impacto de las infraestructuras tiene su máximo siete años después. Esto revela que lo que no se invierta este año tiene su efecto dentro de siete años. Hay un efecto acumulado por la no inversión y la provincia siempre perderá en el futuro".

García del Hoyo recuerda que la falta de infraestructuras "incrementa los costes de las empresas, supone un elemento de disuasión para nuevos proyectos empresariales y frena también la llegada de turistas, acentuando la estacionalidad en el sector".

Por ello, entendiendo el retraso de Huelva en esta materia, agravado por su singular ubicación geográfica, el dictamen considera "imprescindible" la ejecución de determinadas obras en distintas áreas, otorgando tres niveles de prioridad.

En infraestructuras viarias, tres son consideradas claves, de nivel I: la terminación de los ejes longitudinales de la A-499 (de Villablanca a Puebla de Guzmán) y la A-495 (de Gibraleón a Rosal de la Frontera) como eje longitudinal de unión con Portugal; la conversión en vía de gran capacidad de la N-435, vía de unión con Badajoz y principal arteria de comunicación con Extremadura; y la conexión de la N-435 con la Ruta de la Plata (A-66) mediante una red de gran capacidad (Zalamea la Real-Santa Olalla del Cala).

En materia ferroviaria, seis actuaciones de primera prioridad se recogen en el documento: la aceleración de los plazos para la línea de alta velocidad con Sevilla; la modernización, y realización de nuevos itinerarios en algunos tramos, de la línea Huelva-Zafra; la construcción de la nueva estación de Huelva, facilitando accesos para autobuses que permitan la comunicación intermodal de los pasajeros con sus destinos finales; la apertura de la terminal de mercancías de Renfe en las condiciones de funcionamiento que hasta 2007 venía desarrollando sus actividades; la inclusión de Huelva en el Plan Global de Cercanías; y la realización de infraestructuras necesarias para conectar el Puerto de Huelva con la red global por el Corredor Mediterráneo. A éstas se añaden, en materia portuaria, la implantación del Área Logística de Huelva como parte de la Red Logística de Andalucía, en la que es la única provincia ausente; y la realización del aeropuerto proyectado, a falta de que un estudio en marcha avale su viabilidad.

Éstas son sólo las recomendaciones de prioridad I en infraestructuras de comunicaciones -con el voto contrario del representante de Ecologistas en Acción en el CESpH- pero hay muchas más. Sólo falta que las administraciones atiendan la voz de alarma del consejo. La necesidad y la urgencia son ahora más evidentes.