El anunciado cierre de la línea de producción de Celulosa en la fábrica de Ence, que dejaría sólo su actividad energética, se ha convertido en arma arrojadiza entre los partidos. La batalla política tuvo ayer su reflejo en la Diputación Provincial: mientras PSOE e IU aprobaban una moción conjunta que además de reclamar el mantenimiento de la factoría culpaba al Gobierno central de su cierre, el PP apuntaba a la Administración autonómica. Y desde fuera del Pleno, la propia Junta señalaba al Gobierno por la reforma energética y la laboral.

La moción que PSOE e IU llevaban al Pleno exigía el mantenimiento de la producción de celulosa de la factoría de ENCE en Huelva y evitar la desaparición de los 2.500 puestos de trabajo que dependen de ella. Pero también señalaba "expresamente como responsable de esta situación al Gobierno del Partido Popular, por su nefasta política energética y su insensibilidad con la provincia de Huelva", al tiempo que instaba al Gobierno a adoptar las medidas oportunas para evitar el cierre de la planta de Ence, como explicó el portavoz socialista José Martín. Según recoge la moción, Ence usaba el calor sobrante de su producción para generar energía, un proceso que contaba con primas que se han visto muy mermadas tras la llegada del PP al Gobierno, lo cual supuso la paralización de esa creación energética.

El Partido Popular de Huelva, que se abstuvo en la votación de la moción, lamentaba en un comunicado que "PSOE e IU hayan utilizado la amenaza de cierre de la producción de celulosa en la planta de ENCE a 2.500 trabajadores para buscar un puñado de votos". El portavoz del PP en la Diputación, Guillermo García Longoria, subrayó que "PSOE e IU han abortado la propuesta del PP de aprobar una declaración institucional de la Diputación para apoyar, con la unión de todos y sin fisuras, a los trabajadores de Ence y presionar a la empresa para que dé marcha atrás en esta decisión". Y de ahí pasó al ataque a la Junta: IU y PSOE "tratan de impedir que se hable de las trabas que desde hace años viene poniendo la Junta de Andalucía a la ampliación de la masa forestal que reclamaba Ence y que se precisaba apara la rentabilidad de la producción de la celulosa", señaló.

El delegado de la Junta de Andalucía en Huelva, José Fiscal, aseguró por su parte que "hará todo lo que esté en su mano" para evitar el cierre de la planta de celulosa de Ence que la administración autonómica "rechaza rotundamente". En rueda de prensa, cuestionado por este asunto, el delegado indicó que considera la decisión de la empresa "injusta y desproporcionada y en cualquier caso, muy lesiva para la provincia" y entiende que ha sido "convenientemente abonada con la reforma energética y la reforma laboral del Gobierno, que le han puesto "un puente de plata" a la empresa para que se vaya de Huelva".

Fiscal dejó claro que "por la Junta no va a ser", que "vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para intentar que una determinación que adopta una empresa no se lleve a efecto", enfatizando que "todos debemos ir de la mano".

Recordó además que la Junta de Andalucía "ha colaborado con Ence" pues ha subvencionado la nueva planta de biomasa con más de 3,5 millones de euros, "hemos considerado que esta actividad es muy importante para la provincia y no nos conformamos con que de un día para otro la compañía, casi con nocturnidad y alevosía, haya decidido acabar con una empresa tan señera e importante y que genera tantos empleos".

También el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Huelva, Gabriel Cruz, exigió al equipo de Gobierno que lidere "situaciones críticas como las que se están viviendo en la calle con los trabajadores de Ence ante el inminente cierre de una fábrica que genera casi 300 puestos de trabajo directo y miles indirectos y que además es un paso más en el desmantelamiento del sector productivo. Cierra Ence y no hay alternativa".

Por otra parte, el Pleno de la Diputación aprobó por unanimidad una moción instando al Gobierno central para que permita utilizar el importe correspondiente a la liquidación positiva del presupuesto año 2012 -que asciende a casi 3,3 millones de euros- "en el ámbito social y el de fomento de empleo" en la provincia de Huelva. A través de esta moción se pide que no se aplique la llamada regla de gasto, que fija un techo a las administraciones por encima del cual no se puede gastar.

Esta regla, establecida en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, es de aplicación a los presupuestos a partir del año 2013, mientras que la cantidad citada es el resultado de un desfase favorable en el presupuesto del año 2012.