La marcha de los ayuntamientos de Cartaya, Cortegana, Gibraleón y San Juan del Puerto le reportará 22,5 millones de euros a la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS). Al menos es lo que ésta pretende y le reclamará a los cuatro municipios en base al informe realizado por una consultora externa y que será llevado el viernes al Pleno. El inicio de los expedientes de separación es el paso previo para cobrar las indemnizaciones pero no parece definitivo: todo apunta a que decidirán los tribunales dentro de unos años. Aunque haya que esperar, Giahsa irá a por todas para cobrar y poder aplicar una reducción de tarifas.

El informe de la empresa Solvente MFD, al que ha tenido acceso Huelva Información, se centra en los cuatro últimos municipios que dieron el paso de abandonar MAS, todos ellos gobernados o cogobernados por el Partido Popular y por independientes. El documento, realizado por un "experto independiente", cuantifica los "conceptos liquidables" que se extraen de cada municipio por incumplir su vinculación contractual con la empresa pública Giahsa y la mancomunidad. Para ello toma como base la legislación existente en materia de Administración Local, así como los estatutos de MAS y los acuerdos posteriores alcanzados con los municipios miembros. En este punto cobra especial relevancia el derivado de la cesión de las redes de abastecimiento, saneamiento y depuración de cada uno de ellos en 2011.

De esta forma, el Ayuntamiento de Cartaya tendría que pagar a Giahsa 12,2 millones de euros, la mayor cantidad de los municipios considerados. Le seguirían Gibraleón, con 4,5 millones; San Juan del Puerto, con 3,4 millones; y Cortegana, con 2,2 millones de euros.

Las diferencias de las cantidades entre municipios radican en el distinto peso que tienen en MAS, calculado con la facturación de cada uno de ellos como referencia. De esta forma, el porcentaje de Cartaya, que recoge el informe, es del 6,92%, por el 2,81% de Gibraleón, y el 2,17% y el 1,45% de Cortegana. Esta participación es tenida en cuenta, así, para el cálculo de las indemnizaciones por capital social y pasivo, así como por extinción de los contratos de trabajo, que prevé el coste por despido de toda la plantilla de la empresa, eliminando el correspondiente a los trabajadores absorvidos para el servicio local.

Además, entre otros, se contemplan gastos de separación -como los ocasionados en Cartaya para disociar las redes en El Portil- o la liquidación relativa al canon de redes, y el pago de cantidades pendientes por otros servicios.

A estos 22.548.334,05 euros en los que se cifran las indemnizaciones de los cuatro municipios se suman los 8.051.572,78 euros de la liquidación de Valverde del Camino, que inició su salida a finales de 2011, según el cálculo realizado en junio de 2012 por otra consultora externa. De esta forma, el total reclamado en indemnizaciones actualmente es de 30,6 millones de euros, que podría incrementarse ligeramente por los procesos judiciales en curso con Lepe, Moguer, La Palma y Bollullos, aunque por conceptos diferentes dada su distinta vinculación con la empresa.

En Giahsa consideran "crucial" la reclamación de estas cantidades, aún a sabiendas de que se trata de procesos abocados a prolongados litigios judiciales. En varias ocasiones se ha señalado que el principal objetivo es el de resarcir de los daños causados por estas salidas tanto a los ayuntamientos que componen MAS como a sus usuarios. En el fondo, aseguran, el deseo de aplicar una reducción significativa de las tarifas con su cobro.