Mañana viernes la Consejería de Medio Ambiente debatirá en el Consejo de Participación de Doñana el Plan Especial de Ordenación de las Zonas de Regadío de la Corona Norte de Doñana en el que se invertirán al menos 62 millones de euros y que vendrá a dar seguridad jurídica a 9.330 hectáreas que hasta ahora carecían de un marco regulador.

El documento, que ordena una superficie de 64.457 hectáreas, supone un hito en la incipiente historia agrícola en el Condado, al determinar por primera vez las zonas de riego y el derecho al uso de los pozos que abastecen las necesidades de los cultivos.

Siguiendo las directrices marcadas por el Plan de Ordenación Territorial del Ámbito de Doñana (Potad), la Junta de Andalucía dará cobertura legal a toda aquella superficie agrícola de riego explotada con anterioridad al 2004, en que vio la luz dicha norma que ponía techo a la extensión de los regadíos en la comarca.

Han tenido que pasar diez años desde entonces para que la ordenación de los regadíos vea la luz y el sector agrícola logre una añeja aspiración, disipando los fantasmas de nuevos ataques al modelo de producción en la comarca, pivotados en esta falta de normativa que ha permitido a algunos países iniciar aviesas campañas mediáticas de desprestigio, trazando paralelismos entre aquellos empresarios que habían arramblado con terrenos forestales y quienes cumplían escrupulosamente con la ley.

Durante la fase de desarrollo el Plan ha visto incrementado en torno a 200 el número de hectáreas inicialmente previstas en el primer borrador (9.105), el cual presentó la administración autonómica hace algunos años. El sector agrícola cursó 3.800 alegaciones sustentadas en errores de cartografía "por razón de escala o de metodología". Ha tenido que ser tras un minucioso análisis de los mismos, del Sistema de Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas, y con apoyo de otras fuentes de información como imágenes de satélite, fotografías, inventarios de cultivos y bases de datos, tras los que se ha logrado definir el mapa final.

De este modo, las fincas legalizadas serán todas aquellas que entren en dos supuestos: fincas agrícolas que disfrutan de derecho de acceso al agua para riego, con independencia de si fueron otorgadas por la CHG o por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural; o, en su defecto, terrenos que aun no teniendo derechos vienen regando desde al menos el 2004 y han mantenido la actividad desde esa fecha.

Quedan excluidos de la ordenación todas aquellos terrenos en los que "hayan recaído denuncias por cambio de uso sin autorización de forestal a agrícola, o aquellos que se han transformado sin autorización o sin ajustarse a la resolución de autorización emitida por la Administración forestal"; así como "los suelos regables de las parcelas en Monte Público que no tienen derecho de explotación otorgado por concesión".

Huelga decir que la necesidad de poner un techo a la superficie regable no es un problema de voluntad política sino de índole matemático y de repartir de forma equitativa los recursos hídricos. La realidad es que actualmente la recarga del acuífero 27, que representa la gran bolsa de agua en el subsuelo de Doñana, no permite cubrir las necesidades de toda la superficie agrícola. Así se pone de manifiesto en la memoria del documento al que ha tenido acceso este periódico, donde se insiste en la necesidad de "disminuir la actual explotación de aguas subterráneas para riego", al menos "hasta alcanzar un valor compatible con el mantenimiento de caudales ecológicos y, por tanto, con la conservación de los valores naturales del espacio de Doñana y su entorno".

El plan pone de manifiesto lo que tantas veces se ha avanzado en estas mismas páginas, que el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) ya dejó claro que del acuífero únicamente pueden extraerse en torno a 23 hectómetro cúbicos al año, que "coincide con la cifra contemplada en el Plan Hidrológico del Guadalquivir (23,3). A esta dotación se sumarán 12,16 hm³ de agua superficial, una vez se encuentren operativas las nuevas infraestructuras hídricas. En concreto, actualmente la Comunidad de Regantes El Fresno ofrece a los agricultores 8,7 hm³ por año, una vez puedan disponer de los 4,99 provenientes del trasvase de la cuenca del Guadiana a la del Guadalquivir, (de las cuales 3,99 se destinarán a riego y 1 a consumo humano). Con estos nuevos recursos se regarán 856 hectáreas, dejando de utilizarse el agua subterránea y mitigando la presión sobre el acuífero.

Sin embargo, para alimentar las hectáreas legalizadas serán necesarias cerca de 40 hectómetros cúbicos por año, lo que deja en el aire un déficit hídrico (23 hm³ de recursos subterráneos + 12,6 de agua superficial) de 5 hm3.

En global, la dotación establecido para riego en el ámbito del plan para cultivos bajo plástico es de 4.500 metros cúbicos por hectárea y año, cuando los agricultores vienen demandando 6.000. De hecho, hace sólo dos días los regantes anunciaban que han recurrido por la vía judicial el plan hidrológico de la demarcación del Tinto por adjudicarles mucha menos agua de la solicitada.

Pero el plan es mucho más ambicioso y no sólo se limita a señalar qué zonas son de riego, cuál de secano y cuáles forestales, si no que busca posibilitar el ahorro en el consumo de los recursos hídricos; dotar de una estructura funcional a las zonas de regadío integrando sus distintas partes; establecer el esquema de la red viaria rural buscando la compatibilidad de su uso con las poblaciones de fauna silvestre amenazadas; establecer el esquema de la red de distribución energética minimizando su impacto paisajístico; gestionar adecuadamente los residuos generados por la actividad agrícola; la creación de pasillos ecológicos que faciliten el movimiento de la fauna silvestre; y, por último, proteger el paisaje y paliar los procesos de erosión y contaminación. De esta manera, se "ordena y optimiza el uso y distribución racional de los recursos, se controla la repercusión de la actividad agrícola, se reduce la presión y se fija la dotación máxima para riego".