Las cumbres borrascosas de 2015 precipitan una nueva operación en la Gran Vía, donde los periquistas buscan un atajo de financiación después de haber pedido en este mandato tres préstamos para los planes de pago a proveedores. Créditos que suman ya 123 millones de euros y que con lo intereses dejan en herencia para la próxima década un agujero de 153 millones. Si la última maniobra del equipo de gobierno del PP llega a buen puerto, los planes de ajuste se refundirán en breve sumando a este sedimento 93 millones más (sólo en capital se habrá solicitado, pues, un total de 216 millones), en esta ocasión por una vía distinta a las anteriores: el plan de medidas extraordinarias de liquidez del Estado.

Un salvavidas a poco más de un año de las elecciones municipales, con el mismo rol que en los comicios anteriores tuvo la semiprivatización de Aguas de Huelva, lo que nuevamente dará oxígeno a los mandatarios para pagar las nóminas de la plantilla municipal, las deudas comerciales y preparar algunos golpes de efecto para la que ya será la sexta campaña del alcalde, Pedro Rodríguez (PP).

La oposición socialista levantó ayer la liebre de lo que se viene gestando en constantes reuniones con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El Consistorio onubense trata de acogerse al decreto para acceder a estas medidas extraordinarias del departamento de Cristóbal Montoro, para lo que hoy se celebrará de urgencia una sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local. "Lo que el PSOE ha anunciado como una tragedia, creando alarma, es algo que resultará muy beneficioso para este Ayuntamiento, si el Gobierno finalmente acepta nuestra propuesta", explicó en declaraciones a Huelva Información el teniente de alcalde de Economía, Saúl Fernández.

El concejal, que lleva trabajando en este objetivo desde que asumió la cartera el pasado otoño, insiste en que se persigue "una adhesión voluntaria al decreto, ya que en principio no pudimos acogernos porque el Ayuntamiento de Huelva no cumplía los requisitos. Ya que llevamos dos años de ajustes, nuestros parámetros no eran tan negativos como otros municipios [en alusión a ayuntamientos gobernados por el PSOE, como Isla Cristina o Ayamonte], por lo que no estábamos obligados a entrar en el plan de rescate. Sin embargo, llevamos mucho tiempo en conversaciones con Madrid para tratar de beneficiarnos de las ventajas de liquidez que supone ese plan. Acogernos a la parte que nos interesa. No lo hacemos por necesidad, sino por conveniencia".

La aprobación del presupuesto municipal para 2014, de hecho, se ha postergado en función de las negociaciones con el Ministerio. La Administración central ha requerido una serie de documentos al Consistorio para tramitar la adhesión al plan de rescate -término que, obviamente, esquivan los periquistas-, con unos plazos muy ajustados que han llevado a la convocatoria urgente de la Junta de Gobierno de hoy. Se usa así una fórmula que veta el acceso directo a la oposición, pues la información no pasará el filtro del Pleno.

El teniente de alcalde de Economía avanza que "aunque seguiremos aplicando la misma política de ajuste que en los dos últimos años, como contraprestación a ese esfuerzo podremos beneficiarnos de importantes mejoras financieras". Entre ellas, aparte de la refinanciación de los planes de pago a proveedores, destaca ese adelanto de 93 millones de euros que se pide a Hacienda, montante que se aproxima al remanente de tesorería negativo del Ayuntamiento de Huelva (este indicador del déficit se cifró en la última liquidación provisional en 94,4 millones, pero el importe solicitado al Ministerio se redondea a la baja).

"Con esto -apunta Fernández- podremos tener liquidez y conseguir cumplir lo que marca la Ley respecto al pago a los proveedores en 30 días. Eso sí, hay que aclarar que todavía hay un importante trabajo por delante al respecto y el Ministerio tiene que dar luz verde".

Si la jugada del PP municipal sale bien, el equipo del alcalde considera que con esa inyección de 93 millones (superior, no sólo a cualquiera de los préstamos de este mandato, sino al rendimiento que tuvo a corto plazo la operación de Aguas de Huelva), el Consistorio "quedará saneado" y en lo que resta de mandato, la institución se "redimensionará" de manera "bien controlada y razonada". Fernández ratifica el compromiso de que "no habrá despidos", precisando que la operación en ciernes "no tendrá incidencia externa".

¿Cómo se avalará la devolución de esos 93 millones? La pregunta del millón. El equipo de gobierno niega que se vayan a consumar más privatizaciones y asegura que la marcha atrás de la del cementerio fue terminante. "Se programará un aumento de ingresos hasta 2016 que, entre otras cosas, incluye 15 millones de euros por venta de patrimonio como viviendas y aparcamientos", señala el edil.

Montoro tiene la llave, y el alcalde la ocasión de validar la alianza que celebró cuando Rajoy llegó a La Moncloa. Mucho está en juego en esta nueva ingeniería financiera desde que Pedro Rodríguez decidió delegar en otras manos la gestión económica en este esprint hasta 2015.