Huelva

Ornedo lleva su caso a la Comisión de Peticiones del Europarlamento

  • La presidenta de SOS Bebés Robados formula una queja contra España por vulneración de derechos fundamentales

Esperanza Ornedo ha superado una nueva etapa en su lucha por descubrir qué ocurrió con su hermana la noche en la que nació y ha acudido a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, donde el pasado lunes registró una queja contra el Reino de España por vulneración de la Carta de Derechos Fundamentales de los Ciudadanos de la Unión Europea. Un trámite al que esperaba "no tener que recurrir" pero que, debido al resultado negativo de las gestiones realizadas ante la justicia española, ha debido utilizar, dejando patente en la queja presentada en el Parlamento Europeo no sólo "haber sido víctima del tráfico de seres humanos" que supuestamente comenzó en el régimen anterior y continuó hasta bien entrada la democracia, sino también haber padecido "el desinterés absoluto del Estado español".

La presidenta de SOS Bebés Robados Huelva tiene precedentes en otros casos de familiares de niños presuntamente robados al nacer como los de las provincias de Málaga, Granada y Jaén, que acudieron a instancias europeas bajo las siglas de la Asociación de Bebés Robados en Democracia (Aberoa) y consiguieron que la Comisión de Peticiones solicitase a España la información referente al archivo de las causas.

En su petición, Esperanza Ornedo presenta toda la documentación relativa a su caso, que ya alcanza un volumen considerable entre indicios, pruebas y procedimientos legales abiertos, reabiertos y archivados, y es precisamente con respecto al archivo de sus denuncias por lo que Ornedo reclama al Parlamento Europeo su amparo ya que, "a pesar de existir pruebas o al menos indicios de la comisión de los delitos que se denuncian", el Estado español muestra "absoluta indiferencia al derecho a la tutela judicial efectiva", con la consiguiente "indefensión" de los denunciantes.

La demandante esgrime en el escrito dos argumentos para justificar esa actitud por parte de la justicia española: "La enorme responsabilidad patrimonial" que derivaría del reconocimiento "de la comisión de delitos de lesa humanidad" y "la relación de parentesco de hasta primer grado de médicos y otros sanitarios implicados con políticos de primera fila de nuestro país".

"Espero que el hecho de exponer mi caso fuera del país sirva para que se den cuenta de que no voy a ceder en el intento de encontrar la verdad", asegura Esperanza Ornedo.

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