Diseminada por los despachos de la Gran Vía, otra remesa de 302 facturas por valor de 1,6 millones de euros aparece para su reconocimiento en el Pleno del lunes, obligaciones pendientes de liquidación que se ponen al descubierto con el inminente cierre del ejercicio. Por no constar oficialmente, estas operaciones quedaron fuera de juego en las tres fases del plan de pago a proveedores. El mecanismo estatal al que se ha venido acogiendo el Consistorio onubense ha ido esquilmando una deuda comercial de 123 millones, convirtiéndola en deuda bancaria con los correspondientes intereses. Sin embargo, la Administración local, como se constata en estas circunstancias, todavía dista mucho de tener el contador a cero.

El departamento dirigido por el teniente de alcalde Saúl Fernández, que este otoño asumió la cartera de Economía, depura en este tránsito la radiografía de las finanzas municipales, con esta purga de facturas que estaban en los cajones y el objetivo de optimizar los niveles de recaudación en próximas conversaciones con el Servicio de Gestión Tributaria (SGT) de la Diputación Provincial. En paralelo se ultiman los presupuestos de 2014 como unas cuentas "de mantenimiento de servicios básicos" -recalca el concejal en declaraciones a este diario- y somera adaptación del plan de ajuste.

Si quiera en esta dinámica de mínimos, el peso de la herencia y la merma de ingresos, contribuyen a que la prestación de esos servicios básicos siga en la espiral de impagos. La bola de nieve no para de crecer, con el agravante de que, si el último diagnóstico de morosidad del Ayuntamiento de Huelva cifraba en nueve meses el promedio en la tardanza del pago a proveedores, la normativa estatal obligará el próximo año al sector público a afrontar sus obligaciones en un máximo de un mes.

Según los informes de Intervención a los que ha tenido acceso este periódico, esta nueva tanda de facturas, en buena parte fechadas en el último trienio, arrastra también de forma residual algunas operaciones impagadas desde 2006. A este año se remonta, por ejemplo, el débito por el montaje del escenario de las fiestas de La Cinta. En la relación figuran también las facturas de montajes y desmontajes en el Recinto Colombino en 2007, de mantenimiento de instalaciones deportivas desde 2008 o de actuaciones musicales en cruces de mayo y conciertos de Colombinas de 2010. Colean incluso gastos de la inauguración del Mercado del Carmen hace ya más de tres años o del alquiler de la plaza de toros para la celebración del espectáculo Huelva a caballo en sus ediciones de 2010 y 2011.

Entre las obligaciones que se llevan a reconocimiento plenario en esta ocasión, se encuentran también las correspondientes al suministro de gas de polideportivos y otros edificios de propiedad municipal, 23 facturas que suman casi 70.000 euros; o el consumo de agua en instalaciones municipales, centros educativos y algunas asociaciones de vecinos, 73 facturas que suponen una cuantía de 18.700 euros. En esta última hornada de recibos de Aguas de Huelva, el interventor señala que, una vez fiscalizadas las facturas, las de los colegios públicos (en este caso, 45 facturas por valor de más de 2.000 euros), deberían estar emitidas a nombre del Consistorio en lugar de aparecer, como es el caso, con el CIF de la Junta de Andalucía. La misma apreciación hace en el caso de las sedes vecinales. "Si son pagadas por el Ayuntamiento, deberían estar a nombre del mismo", indica el órgano de control interno del Consistorio.

En estos tres centenares de gastos pendientes de su aplicación en el presupuesto, han sido incluidos también los que atañen al mantenimiento de las instalaciones semafóricas y el Centro de Control de Tráfico, trabajos de señalización, excursiones en autobús, limpieza de edificios municipales como el Gran Teatro, facturas pendientes con los medios de comunicación y honorarios por servicios jurídicos, fundamentalmente por litigios urbanísticos.

El teniente de alcalde de Economía introduce también en esta remesa una serie de gastos financieros que suman 1.290 euros entre intereses de las entidades bancarias, intereses de demora en el pago de préstamos y comisiones.

Las facturas se elevan al Pleno con reparos de Intervención. Por una parte, como se recoge en la documentación consultada por este periódico, se advierte de que en algunos casos se excede la cantidad establecida para los contratos menores, "no habiéndose tramitado el correspondiente expediente de contratación".

Por otro, se indica que se financian determinadas actividades a terceros sin contraprestación directa para el Ayuntamiento, "lo cual ha de considerarse subvención -señala el interventor-, no habiéndose cumplido los requisitos principales de publicidad, concurrencia y objetividad en la Ley General de Subvenciones".