De las 64.000 hectáreas por las que se extiende la denominada Corona Norte de Doñana, algo más de 12.000 se encuentran actualmente en riego, alguna de ellas desde hace treinta años. Sin distinción de colores políticos, los alcaldes coinciden en denunciar que a lo largo de décadas las administraciones (central y autonómica) han pecado de "dejación de sus funciones" a la hora de regularizar esta actividad económica.

En 2004 se aprobó el Plan de Ordenación Territorial del Ámbito de Doñana (Potad) que ponía techo a las zonas de riego pero, incomprensiblemente, se aparcó el Plan Especial de Regadíos de la Corona Norte de Doñana que habría de dar cobertura legal a las explotaciones existentes. Hubo un acuerdo no escrito mediante el cual se permitía el uso de los pozos como contraprestación a apaciguar las demandas de agua superficial, que conllevaba costosas infraestructuras.

Como casi siempre que se entierra un problema, pasado el tiempo este resurge con más fuerza. Así fue como en este estado de anarquía los regadíos fueron expandiéndose frente a las denuncias de los ecologistas que no encontraron eco en las administraciones nacionales. Europa no hizo la vista gorda y ordenó a la fiscalía que investigara los 'pinchazos' al acuífero que alimenta Doñana que conllevaba una bajada de los niveles piezométricos y los índices de recarga. Para descargar responsabilidades la CHG comenzó a expedir expedientes sancionadores de forma indiscriminada contra los pozos, todos ellos alegales porque el Plan de Regadíos no se cursó en tiempo y forma tras un polémico borrador que recibió 3.800 alegaciones.

La solución parece estar en que se desmantele aquellas hectáreas posteriores al Potad, mientras que se autoriza el resto, entre tanto el agua superficial vendrá para aliviar la presión sobre el acuífero.

De este modo, actualmente sólo existe en la zona 858 hectáreas de cultivo, repartidas entre los términos municipales de Moguer, Bonares, Lucena del Puerto y Rociana del Condado que disponen de una concesión en precario. Serán aquellas que se beneficiarán del trasvase de 4,99 hectómetros cúbicos desde el Sistema General Andévalo-Chanza-Piedras. Para ello es necesaria la Resolución de Impacto Ambiental (RIA) que compete al Gobierno central. Una vez más, el futuro de la comarca vuelve a estar en manos de las administraciones.