Fue una petición unánime, clara y directa: la legalización de los regadíos en el Condado. Una antigua demanda que resonó ayer con fuerza en una manifestación que reunió, según la organización, a más de 18.000 personas (8.000 según los datos de la Subdelegación del Gobierno). Una demostración de fuerza con la que se pretende escribir el capítulo final a más de tres décadas de promesas incumplidas sin romper un estatus quo que ha provocado un enorme daño al sector.

Para ello se exigió de la Junta de Andalucía que dé luz verde, tras más de seis años de retraso, al Plan Especial de Regadíos de la Corona Norte de Doñana, que regulará 64.000 hectáreas de terreno y determinará las zonas de riego, dando así seguridad jurídica a los cultivos del Condado. La petición se encuentra ligada a la suspensión de los expedientes sancionadores que, de forma indiscriminada, ha suscrito la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), dependiente del Gobierno Central, a instancias de la fiscalía por el uso de los pozos, único medio para alimentar los cultivos ante la ausencia de un agua superficial.

Peticiones, ambas, que llevaron la firma y el respaldo de agricultores, empresarios, cooperativas, patronal, organizaciones agrarias, partidos políticos y los municipios de Almonte, Moguer, Rociana del Condado, Bonares y Lucena del Puerto.

La histórica manifestación comenzó a las diez de la mañana en la explanada que acoge las Fiestas Colombinas, junto al nuevo estadio del Recreativo de Huelva. En este emplazamiento el portavoz de la Plataforma y presidente la Comunidad de Regantes El Freno, Ángel Gorostidi, atendió a los medios y resumió las reivindicaciones del sector, en un discurso en el que estuvo respaldado por el presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Huelva (Freshuelva), Alberto Garrocho, su homónimo de la Asociación Interprofesional de la Fresa Andaluza, (Interfresa), Cristóbal Picón, y los representantes políticos de los cinco municipios afectados.

Picón destacó que la falta de regulación conlleva un rosario de perjuicios comerciales que les restan competitividad. "Las grandes superficies nos ponen trabas" a la hora de comprar nuestro fruta, que se produce con las mismas garantías medioambientales que en otras zonas geográficas, si bien adolece de una regulación que certifique y les ampare jurídicamente.

En consecuencia, puntualizó Gorostidi, se trata de matiz burocrático que pone en riesgo un sector económico que mueve 80.000 empleos directos en la provincia y representa "el 80% del Producto Interior Bruto (PIB) de los cinco términos municipales afectados. Un motor económico sobre el que pivota el resto de la riqueza del Condado.

Tras el discurso, los miles de manifestantes partieron de la avenida del Nuevo Colombino rumbo a la Delegación del Gobierno de Andalucía, donde en nombre de la plataforma se registró un documento en el que se urge a la publicación del Plan de los Regadíos.

Acto seguido la marcha alcanzó la sede de Subdelegación del Gobierno. Allí el subdelegado, Enrique Pérez, les recibió comunicándoles que la Resolución de Impacto Ambiental (RIA) de la infraestructura para garantizar el uso del trasvase de 4,9 hectómetros cúbicos que ha de acometer el Gobierno español se encuentra a expensas de "varios informes" por parte de instituciones que han presentados sus alegaciones a la DIA. En cualquier caso, adelantó que dará traslado al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino para que acelere los trámites correspondientes, a la par que reiteró la necesidad de que la Junta de Andalucía de curso a su Plan, para no tener que "aprobar una DIA condicionada al documento de otra administración".

La marcha se produce después de que la CHG haya cursado más de 200 expedientes contra empresarios que utilizan pozos para extraer el alimento de las fresas, frambuesas, moras, arándanos y toda la amalgama de productos que mantienen la economía y el empleo.

El representante de Freshuelva insistió en que el sector "no va a consentir" el cierre de los pozos hasta que no se ofrezca una alternativa. Precisamente una de las demandas históricas consiste en que se establezca una autorización en precario que de certidumbre a los empresarios y que fije un canon por el uso de un bien en común como el agua. Una medida de gracia que se otorgaría en espera de las infraestructuras que permitan el riego con agua superficial.

La plataforma también censuró la "indolencia" de las administraciones durante todos estos años, a la par que avanzaron el desarrollo de otras protestas si sus reivindicaciones no son atendidas.