Esperanza Ornedo no está dispuesta a rendirse. Lleva demasiado tiempo luchando, demasiadas energías invertidas en tratar de saber la verdad, la suya y la del centenar de afectados por las presuntas sustracciones de recién nacidos que conforman el colectivo que ella preside, SOS Bebés Robados Huelva. Y no va a bajar los brazos ahora. Por ello hoy mismo el letrado de la asociación, José Luis Orta, presentará ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de amparo con el que esperan que se reabra el procedimiento.

La madre de Esperanza Ornedo, Purificación Mulero, dio a luz a una niña el 23 de marzo de 1968. Era media noche en el hospital Manuel Lois de Huelva y ella, primeriza. Parió sola y en la camilla en la que la colocaron, ubicada a los pies de dos camas vacías, porque la matrona de turno desoyó su advertencia de que la cría iba a llegar al mundo y le espetó que "dejara de dar la lata, que esos dolores eran normales en las primerizas". Minutos después, la misma matrona se asomaba bajo la sábana que la cubría y veía a la primogénita de los Ornedo Mulero. Entonces, trasladó a madre e hija a una habitación vacía.

Depositó a la recién nacida en una mesilla. Fue el único instante en que Purificación pudo disfrutar de ella: "Era una niña sana, grande, hermosa, muy bonita", cuenta Esperanza. La matrona la envolvió en una sábana y se la llevó. No volvió a verla. Regresó únicamente para dejar la camilla de la parturienta en el pasillo. No le dio explicaciones. Tampoco la atendió nunca un médico. Un hombre que no llegó a identificarse fue el primero en dar la noticia horas después del alumbramiento: "La niña ha muerto".

La familia exigió ver el cadáver, pero en el mortuorio no le mostraron más que "un paquete pequeño y ligero envuelto en gasas y vendas". No le dejaron abrirlo ni enterrarlo, pese a que el padre de la cría, Miguel Ornedo, tenía seguro de deceso. El hospital insistió en hacerse "cargo de todo" y colocar el cadáver "a los pies de un adulto fallecido". La Policía y los enterradores garantizan que esta práctica no se llevaba a cabo en Huelva. Luego, supuestamente, le dieron sepultura en la fosa común del cementerio capitalino de La Soledad.

Sin embargo, en los libros de registro del cementerio no consta la entrada de un feto a nombre de la madre de Esperanza en todo 1968. Sí aparece en el negociado del cementerio. Para más inri, el certificado de defunción se contradice con el legajo de aborto firmado por el único médico que figuró como testigo en la causa, E.G.M.: "En él reza que mi madre dio a luz a término, es decir, a los nueve meses de embarazo, mientras que en el legajo el ginecólogo afirma que abortó a los seis meses de gestación".

El caso Ornedo recayó en manos del Juzgado de Instrucción 2 de Huelva, que acabó archivándolo. En abril de 2012, la Audiencia ordenaba su reapertura y que se llevaran a cabo las pruebas testificales y documentales precisas. En aquel el auto los magistrados -dirigidos por el entonces presidente de la institución, Jesús Fernández Entralgo- destacaban que "no cabe descartar que la niña haya sido entregada a persona distinta de sus padres, a los que se hizo creer falsamente que había muerto al poco tiempo de haber nacido".

La titular del Instrucción 2 acató el mandato y ordenó que el ginecólogo E.G.M. testificara en Sevilla, algo que a juicio del letrado José Luis Orta demostró "una absoluta desidia y falta de interés por dicha declaración". También se desoyó la petición de SOS Bebés Robados Huelva para que se produjera en sede judicial onubense.

La juez tomó declaración el septiembre pasado a E.G.M., que fuera director del hospital Yagüe de Burgos, inspector de Sanidad en Huelva e inspector médico en Manuel Lois en los 60. El reputado ginecólogo se marchó luego a Sevilla, adonde dirigió el hospital García Morato -lugar en el que aconteció otro caso denunciado, fechado en febrero de 1971- y el de Valme, además de ejercer como médico del Registro Civil sevillano.

La juez de turno sólo le formuló "un par de preguntas", afirma Orta, e impidió al letrado de la acusación particular interrogarle. "Sin una justa causa, nos quedamos sin la posibilidad de preguntar al médico cuestiones tan importantes como el por qué firmó la asistencia a un parto si la madre de Esperanza Ornedo parió sin ginecólogo, si estaba cualificado en esa época como ginecólogo, si recordaba a personas que la asistieron esa noche, si llegó a firmar algún parte de defunción de otro profesional (médico o matrona) o sólo firmaba aquellos en los que realmente comparecía", entre otros. Son "preguntas muy razonables" para el único pilar del procedimiento -el resto no se encuentra con vida- y no hacerlas "conlleva una brutal indefensión a esta parte", se afirma en el recurso que se presenta hoy al TC. Además de la indefensión, se esgrime en el amparo el derecho a la tutela judicial efectiva.

Quien sí ha mantenido varias conversaciones con el médico es la propia Esperanza Ornedo, que asegura que en una de ellas le indicó que "tanto mi familia como yo pensamos que mi hermana está viva, tenemos muy clara esa sospecha, no consta enterrada", a lo que el ginecólogo respondió con dos palabras: "Lo siento".

El último revés judicial al caso Ornedo aconteció el pasado 12 de junio, cuando la Sección Tercera de la Audiencia de Huelva decidió dar el carpetazo definitivo al procedimiento "por falta de pruebas", de modo que queda al margen de la cascada de sobreseimientos onubenses, que atienden al criterio del archivo por prescripción impuesto por la Audiencia en noviembre de 2012 y que centraba el primero de los recursos presentados por SOS Bebés Robados Huelva al Constitucional el pasado 8 de marzo, el de Belén Mingorance, todavía pendiente de resolución.