Los arquitectos siguen en su cruzada contra el intrusismo, perjuicio que, a su entender, fomenta la futura normativa española, ampliando a los ingenieros la reserva de actividad y, por ende, comprometiendo "la seguridad de las personas y de los edificios". El asunto centró ayer el Pleno del Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Arquitectos que acogió Huelva, siendo la institución onubense una de las más implicadas en la lucha sectorial por enmendar la llamada Ley de Servicios y Colegios Profesionales (LSCP). Como destacó ayer en declaraciones a los periodistas el presidente del Consejo Andaluz, Luis Cano, el borrador del anteproyecto "que ha circulado de forma apócrifa" introduce desorden e inseguridad en las edificaciones, incertidumbre para usuarios y transeúntes y supone "un grave perjuicio para la sociedad en general", ya que suprime la organización de competencias regulada en la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), al permitir proyectar edificios a profesionales que no tienen la formación ni la experiencia adecuada, propia de los arquitectos. Rechazando esta vertiente, los profesionales proseguirán con su calendario de movilizaciones con una concentración prevista a nivel nacional para el día 28.

Según Cano, "parece ser que esta ley es el resultado de las presiones de la UE a España para liberalizar determinados sectores, pero pensamos que en España y Europa hay ya bastantes trabas que deben eliminarse en aras de la competitividad y la productividad. Probablemente una Ley de este tipo generará grandes oficinas que acapararían el trabajo e incluso encarecerían los servicios de arquitectura".

Un revés adicional para un sector que ya registra un 70% de paro. En Huelva, la crisis ha reducido los colegiados de 550 a 420 y el Colegio Oficial de Arquitectos (COAH) se vio, de hecho, forzado a bajar las cuotas un 50%. "El sector está bastante castigado -apuntó, por su parte, la decana de la institución onubense, Noemí Sanchís- y entendemos que la justificación que se da de la competitividad no es razonable para poner en marcha una ley como ésta, cuando además nuestro modelo español es mucho más competitivo que los modelos europeos y se han hecho estudios desde el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España que demuestran que, efectivamente, nuestro modelo es un 32% más barato que el europeo". Como esgrime Sanchís, "puestos a exportar un modelo, exportemos el español y no el europeo. Si vamos a establecer sinergias con Europa, se debe tener en cuenta que las competencias del arquitectos español equivalen a las del ingeniero civil europeo, y es ahí donde se tendrían que equiparar ambos y no dar nuestras competencias al ingeniero español. Se ha equivocado el enfoque de la Ley -subrayó- Se va a devaluar el título y las competencias del arquitecto español".

Como defienden desde el sector gran parte de la competitividad y excelencia del paradigma español se deben a la formación integral del arquitecto en este país, "que suma una alta componente tecnológica, ofreciendo un valor añadido al concebir el conjunto de los distintos sistemas constructivos que componen el edificio de forma integral".