Dos propiedades, una en la capital y otra en Lucena del Puerto, sus cuentas bancarias y las devoluciones que pueda tener pendientes de la Agencia Tributaria. Esos son los bienes que la juez Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE, ha ordenado embargar a Juan Márquez, el que fuera director general de Trabajo entre 2009 y 2010, imputado por cuatro delitos dentro del macrosumario que se instruye en Sevilla.

En un decreto dictado el pasado 2 de abril, la juez embarga estos bienes como fianza para "cubrir las responsabilidades pecuniarias que pudieren declararse procedentes", es decir, para responder de las ayudas que autorizó. La magistrada calculó esa fianza en 173,9 millones de euros después de tomar declaración al también ex delegado provincial de Empleo en Huelva en julio del pasado año e imputarle cuatro delitos dentro del entramado de los ERE: malversación, prevaricación (omisiva y activa), falsedad en documento oficial y omisión del deber de perseguir delitos.

La juez imputó a Márquez la concesión de 114 ayudas sociolaborales y 17 directas a empresas por importe de 154 millones de euros "a sabiendas" de que existían varios informes que cuestionaban la legalidad del procedimiento seguido. Asimismo, le atribuyó el mantenimiento del procedimiento de concesión de las ayudas a pesar de ser consciente de que "era jurídicamente inexplicable" hacerlo. La instructora también le imputa que no denunciase estos hechos, que no ordenase el procedimiento de reintegro de determinadas ayudas y haber causado un "quebranto económico" a Mercasevilla, la sociedad en el origen de la investigación. Asimismo, aseveró que Márquez conocía la inclusión de intrusos en las pólizas y que había otorgado 30 ayudas a la zona de Huelva con intención de "favorecer" a su sector. Por último, le atribuyó un desvío de fondos.

Tras reclamar a Márquez que designase bienes de su propiedad que pudieran ser embargados y sin que éste hubiese hecho manifestación alguna al respecto, la juez decreta la confiscación de un piso en la calle Marina, otro inmueble en la calle Abajo de Lucena del Puerto, su localidad natal y donde fue teniente de alcalde; los saldos bancarios de las entidades adheridas a la plataforma del Consejo General del Poder Judicial y las devoluciones pendientes de recibir de la Agencia Tributaria. Además pide a los registros de la propiedad de Moguer y Huelva notas simples de las fincas inscritas a su favor.

La juez también ordenó ayer el embargo de dos fincas y saldos bancarios al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero para cubrir su fianza de responsabilidad civil de 686 millones de euros. Esta cantidad es independiente de la fianza de 50.000 euros impuesta (y abonada) para salir de la cárcel, a la que regresó hace dos semanas. En el caso de Guerrero, principal imputado en el caso de los ERE, ordena confiscar una finca en El Pedroso (Sevilla) y otra de la que posee un tercio en esta misma localidad. También en esta ocasión pide recabar información sobre las propiedades del ex director general, a través del sistema de Consulta Integral del Punto Neutro Judicial.

Por otra parte, el ex delegado provincial de Empleo de la Junta en Sevilla, Antonio Rivas, imputado también en esta causa, ha presentado un escrito ante la juez Mercedes Alaya en el que se queja de que han pasado más de 800 días desde su imputación sin que la magistrada le haya tomado declaración. En un escrito elevado al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de Antonio Rivas explica que su cliente fue imputado el día 20 de enero de 2011 pero aún no ha prestado declaración, algo que "no es admisible en un Estado que se autodenomina de Derecho", mientras que tampoco "es admisible" que, "a pesar de haber transcurrido 22 meses desde la formulación del recurso frente al auto en el que por primera vez se concretaba su imputación, la Audiencia Provincial aún no haya resuelto nada en relación con dicha apelación".

"No es admisible tampoco -prosigue- que se resuelva 14 meses después de su interposición un recurso de reforma frente al auto en el que se dice extender su imputación", auto que fue confirmado el pasado día 7 de marzo por la juez Alaya, que concluyó que Rivas tenía "un papel activo, al margen de sus funciones como autoridad laboral competente".