Los Ayuntamientos no sólo trabajan por erradicar los asentamientos ilegales, sino por mejorar las condiciones humanas de quienes han emigrado albergando la esperanza de encontrar una oportunidad laboral que, en estos tiempos de crisis, se cotiza demasiado cara. Moguer es uno de los municipios que más se está involucrando en esta dirección. Desde su corporación local se está llevando a cabo un plan para "minimizar el impacto sobre la comunidad inmigrante, garantizando la seguridad de estos espacios rurales y dar respuesta a las reclamaciones de los propietarios de fincas agrícolas y forestales que demandan el levantamiento de estos asentamientos", explicó la concejal de Asuntos Sociales, Paqui Griñolo.

El pasado miércoles se convocó una mesa de trabajo para coordinar acciones conjuntas con miembros de Caritas Parroquial, la Fundación de Trabajadores Extranjeros en Huelva (Futeh) de la Comisión Católica Española de Inmigración (Accem), Huelva Acoge; así como representantes de la Comisión Española para la Atención Inmigrante (Cepaim) del Equipo de Atención al Inmigrante (Edati) de la Guardia Civil y de la delegación en Huelva de la Asociación Mujeres en Zona de Conflicto.

Este trabajo ya ha comenzado a dar sus frutos y este año se han reducido en cuatro el número de focos de asentamientos en el campo, mientras que en la zona del polígono Los Arroyos se han reducido en cerca de 200 el número de chabolas. Ello implica lograr que entre 400 y 500 personas dejen de malvivir en condiciones tercermundistas donde carecen de electricidad, agua potable y otra serie de servicios esenciales para garantizar unas óptimas condiciones de vida. Es por ello que el número de personas que 'residen' en estas construcciones efímeras no superan la centena según fuentes institucionales.

La edil agradeció el trabajo desempeñado en todo momento por la Edati, a cuyo frente los agentes de la Benemérita nos han informado de inmediato cuando en estas infraviviendas reside algún menor, lo que les permite trabajar rápidamente en los trámites para su escolarización o en atención médica cuando se encuentra algún mayor o personas que padezca una enfermedad crónica.

Del mismo modo, Griñolo afirma que, "a pesar de los limitados recursos económicos que impone la crisis a las instituciones y las ONG, hemos tratado de ayudar a que puedan vivir de otra manera, desde compartiendo alquileres, pasando por albergues. Con este plan también se está tratando de concienciar a los inmigrantes sobre las verdaderas posibilidades de trabajo en la campaña de frutos rojos.

Por otra parte, el Ayuntamiento ha cedido un local de 150 metros cuadrados a Caritas Parroquial en el antiguo matadero para la creación del Centro de día San José, donde los inmigrantes y sin techo puedan disponer de servicios de ducha y lavandería.

En el pueblo vecino, Palos de la Frontera, el Ayuntamiento ha destacado que los únicos asentamientos ilegales se concentran en el polígono industrial San Jorge, donde se levantan cerca de 40 chabolas diseminadas por la zona y que son frecuentadas por ciudadanos de Mali. La institución insiste en que "no podemos hacer nada para evitar esta situación, ya que las 'viviendas' se encuentran levantadas en suelo privado, por lo que en última instancia es la Guardia Civil quienes tendrían que actuar, en el hipotético caso de que el propietario denunciase la ocupación".