Rodríguez y Caraballo cobrarán un máximo de 75.000 euros

La reforma de la Administración local llega en un momento de contención en los ayuntamientos y diputaciones, forzados a reducir emolumentos y número de asesores por la falta de ingresos y por los planes de ajuste aprobados para poder acogerse al programa de pago a proveedores. Dentro de ese panorama de contracción de gastos, la reestructuración de la Administración local impulsada por el Gobierno central traerá cambios a las corporaciones en el ámbito competencial, pero en menor grado en el capítulo que más critica la ciudadanía: el de los sueldos políticos y los cargos de confianza.

Tanto el Ayuntamiento de la capital como la Diputación Provincial, las dos mayores entidades locales de Huelva, tendrán nuevos límites en los salarios. El tope establecido en el anteproyecto de ley redactado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy fijará un máximo tanto para el alcalde capitalino, Pedro Rodríguez, como al presidente provincial, Ignacio Caraballo: cobrarán un 25% menos que un secretario de Estado. Así se establece en la norma en tramitación. El resultado será que ambos salarios se quedarán en 75.000 euros como máximo (hasta 100.000 para los alcaldes de grandes capitales). Esa cifra se aleja de los 68.891 euros que se habían establecido inicialmente como máximo para las grandes ciudades. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aclaraba ayer que el tope quedaba marcado por el sueldo de los secretarios de Estado; sí... pero con complementos. Esto salva a priori los salarios base de Rodríguez y Caraballo: 67.898 euros y 62.644 respectivamente. Eso sí, el máximo de 75.000 se refiere a la "totalidad de las retribuciones" percibidas por los cargos públicos; es decir, que limita la percepción de complementos.

El anteproyecto que renovará la vetusta legislación local fija estos topes en función del número de habitantes. Pero también limitará los emolumentos de los concejales, en este caso mediante de una disposición en los Presupuestos Generales del Estado de cada año. El tijeretazo a los sueldos llegará también con otra medida: sólo los concejales que no tengan dedicación exclusiva ni parcial cobrarán dietas de asistencia a sesiones de órganos colegiados. Hasta ahora, la pertenencia a comisiones varias supone una fuente de ingresos importante: tanto en el Consistorio como en la Diputación se pagan 150 euros mensuales por presencia en comisiones informativas y órganos colegiados.

Después de la rebelión de los munícipes (que también muestran en privado su malestar por el recorte de salarios), el Ejecutivo se ha visto obligado a cambiar la anunciada reducción de un 30% en el número de concejales por otra medida de contención del capítulo 1, epígrafe retribuciones de la Corporación: establece unos límites, de nuevo en función de la población, para el número de concejales liberados. En este caso, Huelva también se escapa del recorte. En la actualidad tiene 17 concejales en dedicación exclusiva cobrando del Ayuntamiento, pero el máximo legal se establecerá en 18. Sin embargo, no se fija un límite equivalente en la otra casa de la Gran Vía.

El tijeretazo llega, asimismo, a la siempre polémica sección de asesores, que en el caso del Ayuntamiento de la capital tendrán que pasar de los 29 actuales a 27 (el mismo número que los concejales de la Corporación). Sí podrá mantener los suyos la Diputación, que tiene 25 eventuales, en los que gasta en torno a 600.000 euros al año.

La base de la reforma de las distintas leyes que afectan a las administraciones locales es la clarificación de las competencias y racionalización de estas entidades. Y en esa materia llegarán los principales cambios a las instituciones. Así, la reforma establece que las competencias en educación y sanidad serán exclusivas de las comunidades autónomas, pero también se quedarán en la autonomía los servicios sociales. Esto abre un interrogante sobre el futuro de unos servicios arraigados en los municipios, que serán devueltos en el plazo máximode cinco años para las dos primeras competencias, pero de sólo uno en el segundo caso.

También se inicia la cuenta atrás para el futuro de las empresas públicas. El Ejecutivo confirma que las entidades empresariales tendrán que ser viables en 2015 o estarán abocadas a la desaparición, lo que abre un interrogante sobre el futuro de empresas municipales como Emtusa, Huelva TV o la Empresa de la Vivienda, que tendrá que sanear sus cuentas. Mayor es aún el interrogante en la Empresa Municipal de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales (Emlicodemsa), cuya finalidad queda en entredicho ante el traspaso de las competencias educativas a la Junta de Andalucía.