Los funcionarios de Justicia realizaron ayer un encierro contra la "privatización" de los registro civiles que pretende llevar a cabo el Gobierno central.

El sindicato CCOO denunció la intención del Ejecutivo de continuar con la decisión de "desjudicializar los registros civiles de Andalucía con la intención de entregárselos a los registradores de la propiedad, en un acto unilateral de privatización de un servicio público y esencial sin precedente en la Administración de Justicia". Esta medida supondrá, sengún CCOO, la desaparición de 27 puestos de trabajo en Huelva.

El sindicato denunció, asimismo, que la Junta de Andalucía haya decidido cerrar por la tarde el Registro Civil, que afecta en la capital onubense a 53 empleados y que "repercutirá en el servicio público de calidad que se presta a la ciudadanía".

Para la central sindical, estas medidas supondrán un notable perjuicio para los ciudadanos que hasta ahora han podido acudir de manera gratuita a los registros civiles e incluso por las tardes en Andalucía a fin de evitar las largas colas, originadas entre otras causas por la cantidad de expedientes de nacionalidad devueltos por el Ministerio de justicia desde el año 2008. El 20 de febrero está prevista otra concentración en señal de protesta.