El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente avala la utilización del subsuelo del Parque Nacional de Doñana para producción y almacenamiento de gas natural, proyecto que promueve la compañía Petroleum Oil Gas-España, filial de Gas Natural Fenosa.

Se desbloquea así el último eslabón burocrático de un proyecto cuyos primeros pasos se dieron en 2006 y que desde el pasado día 15 cuenta con la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental (DIA), publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La compañía ya disfrutaba de las concesiones de explotación de yacimientos de hidrocarburos en los parajes de Marismas A, B-1 y C-2, concedidas a finales de los años 80 y mediados de los 90, si bien ahora logra, además, la autorización de almacenamiento subterráneo de gas. Un hecho que se produce después de que diversos estudios geológicos preliminares demostrasen que las estructuras del subsuelo almonteño reunían las condiciones para ser utilizado como almacén.

El proyecto prevé la "dotación de infraestructuras, adecuación y el desarrollo de los emplazamientos gasíferos que conforman la zona de Saladillo, lo que favorece el manejo adecuado y seguro de los caudales de producción de gas y posterior almacenamiento del mismo". De este modo, "el proyecto tiene como primer objetivo la producción de gas natural y, como segundo, la posterior utilización de los yacimientos como almacenamiento subterráneos".

Uno de los puntos que mayor controversia ha suscitado radica en la construcción de un gasoducto de interconexión de 18.169 metros que sustituirá al existente en la actualidad, que recorrerá bajo tierra los parajes de Saladillo y Rincón, ambos adscritos al dominio público forestal.

Tras estudiar cuatro alternativas, se optó por este trazado "desprovisto de vegetación, al discurrir principalmente por caminos y pistas ya existentes". En concreto, se aprovecha el recorrido de la añeja infraestructura con la salvedad de la zona de la Bajona, a efectos de evitar la laguna estacional que constituye una zona de campeo de aves y un refugio importante de fauna.

En cuanto a las prospecciones, se realizarán varios sondeos de casi dos kilómetros de longitud hacia el subsuelo, para lo cual previamente se construirá una losa de hormigón armado para apoyo de la torre de perforación, un antepozo de hormigón de 2x2 metros, una cubeta de retención donde se meterán los tanques que contendrán los fluidos de perforación, y una balsa de fluidos donde se recogerán los ripios y otros desechos. Para no afectar al acuífero (una de las máximas preocupaciones de los colectivos ecologistas), la perforación vertical se realizará con agua dulce hasta atravesar la bolsa de agua subterránea que alimenta hídricamente Doñana.

La DIA también recoge que la Planificación Estratégica de los Sectores de la Electricidad y el Gas 2008-2016, realizado en 2007, ya recogía la propuesta de "utilización de este yacimiento como almacenamiento" tras la preceptiva reconversión de los almacenamientos subterráneos de gas en función de la existencia de un exceso de oferta o demanda en el mercado".

Durante el periodo de consultas previas se recibieron alegaciones por parte del Parque Natural de Doñana, la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental, la Dirección General de la Red de Espacios Naturales Protegidos y Servicios Ambientales de la Consejería de Medio Ambiente, y la Delegación Provincial de Huelva, entre otros.

Gracias a estas aportaciones se han logrado determinados blindajes medioambientales para garantizar la preservación de la fauna y las especies protegidas. El emplazamiento de Saladillo y el trazado del gasoducto coinciden con terrenos catalogados como zonas de máxima protección, por lo que son incompatibles con nuevos sondeos en virtud del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN). Del mismo modo, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir tendrá la última palabra en todas afecciones sobre el dominio público hidráulico.

Tras el visto bueno del Gobierno, el representante de Ecologistas en Acción, Juan Romero, adelantó que no se quedarán de brazos cruzados y denunciarán frente a las autoridades europeas lo que consideran una "agresión" al Parque Natural, porque enienden que se "vulnera" la normativa de protección, convirtiendo a Doñana en un gran almacén de gas. Para el líder conservacionista, la clase política que gestiona Doñana (el PP por el Gobierno central y PSOE e IU por el regional) "se ha retratado permitiendo que prevalezcan los intereses económicos por encima de la defensa del medioambiente".

En representación de WWF, Juan José Carmona, consideró que más que razones políticas, el propio Estado "tiene interés en asegurarse una reserva estratégica de recursos energéticos", aunque recordó que el almacén se concede a "una empresa privada, por lo que alerta de los peajes en forma de caminos e infraestructuras que se construirán en el propio parque".

Carmona consideró que "se debían haber estudiado posibles alternativas en emplazamiento para el almacenamiento de gas" que no tuvieran la sensibilidad de Doñana. En cualquier caso, la mayor preocupación del grupo ecologista es conocer si las prospecciones afectarán al acuífero. "En el estudio de los modelos teóricos evidentemente se dice que no, si bien al igual que ocurre en zonas como Minas de las Cruces o el vertedero de residuos de Nerva, una cosa es lo que pone en los papeles y otra diferente lo que finalmente se desarrolla". El líder de WWF promete que su organización estará vigilante y estudiará las alegaciones de las diferentes administraciones.