Cerca de 300 jóvenes son atendidos en ocho centros y servicios de medio abierto, en aplicación de las medidas no privativas de libertad en menores infractores. Esos jóvenes cuentan con la asistencia de un centenar de profesionales.

El delegado del Gobierno de la Junta, José Fiscal, aseguró ayer que la Administración andaluza dispone de los recursos suficientes para ofrecer una atención sólida y profesional a esos menores infractores a los que los órganos judiciales les han impuesto alguna medida encaminada a su reeducación y resocialización.

Durante la inauguración de unas jornadas sobre Justicia Juvenil y Protección de Menores en Isla Cristina dirigidas a la comunidad educativa, asociaciones vecinales y fuerzas y cuerpos de seguridad, el delegado destacó el esfuerzo de la Junta por mantener los recursos y servicios pese a los últimos ajustes presupuestarios debido a la actual situación económica y financiera.

En este sentido, explicó que el Gobierno andaluz ha multiplicado por tres el número de plazas de internamiento para menores infractores en los últimos años, pasando de las 242 del año 2000 a las 764 que existen en la actualidad en la comunidad autónoma.

Igualmente, el presupuesto dedicado a la intervención con menores en conflicto con la ley penal ha aumentado en un 300% durante la última década, según subrayó el delegado, quien manifestó que de los más de 28,5 millones de euros invertidos durante 2002, la Junta de Andalucía ha pasado a dedicar a este campo casi 92 millones de euros en 2012.

El representante del Ejecutivo andaluz en la provincia informó también de que los 15 centros de la comunidad con programas para la ejecución de medidas privativas de libertad en régimen cerrado, semiabierto y abierto cuentan con 568 plazas. Además, un total de 48 plazas corresponden menores que precisan intervención en materia de salud mental y otras 46 al centro terapéutico de drogodependencias.