SENTENCIAS, autos y providencias. Estas palabras del lenguaje jurídico son ya habituales más allá de la información de sucesos y tribunales, han pasado del ámbito meramente judicial a convertirse en piezas del puzzle urbanístico de la capital y de la provincia. Dos autos judiciales han marcado la actualidad urbanística de la semana, dos resoluciones en tribunales referidas a cuestiones urbanísticas. Algo que hace unos años era excepcional se ha convertido en algo común; que sean los tribunales los que diluciden si una actuación o decisión urbanística es correcta o no.

Los órganos judiciales han tomado nota y la Fiscalía ha creado un área de urbanismo y medio ambiente, no es para menos. Las denuncias relacionadas con el urbanismo han ido en crecimiento y en el caso de la capital en los últimos años no ha habido un proyecto de envergadura que no haya llegado a los tribunales, casi siempre por una diatriba entre equipo de Gobierno municipal y oposición, o Ayuntamiento y Junta de Andalucía, digna de estudio.

El inicio podría marcarse en el caso Isla Chica, cuando el alcalde fue denunciado por presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, un delito contra la ordenación del territorio y fraude en la contratación por la venta de los terrenos del estadio Colombino, una causa que fue archivada por el juez. Pero no fue ésta la única demanda que resolvió el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre Isla Chica: el Alto Tribunal también desestimó dos recursos de la Junta de Andalucía, contra un convenio urbanístico y contra el acuerdo plenario en el que se reconoció la deuda del Recreativo.

El caso Isla Chica ha sido hasta ahora el paradigma de proyecto urbanístico bloqueado en lo administrativo y judicial (y pese al desbloqueo, aún no se ha comenzado la urbanización). El Ensanche Sur ha recogido el testigo de Isla Chica, con un último auto denegando las medidas cautelares solicitadas por la Consejería de Obras Públicas al TSJA, y una auténtica ristra de asuntos en los tribunales: una demanda de Gobernación resuelta a favor del Ayuntamiento y otra de Obras Públicas pendiente de resolver, además de un fallo que determina que el número de viviendas debe bajar.

Endesa ha sido otro de los casos sonados que se acaba de cerrar en el ámbito judicial, pero la lista es larga. El PSOE y la Junta denunciaron la licencia de obras del edificio de la plaza del Cine (con fallos en contra y en el segundo caso a favor del Ayuntamiento, prevaleciendo este último) e interpuso dos recursos referentes al nuevo mercado: la modificación del planeamiento de Pescadería (también con resolución a favor del Consistorio) y los cambios en el proyecto de ejecución del mercado.

También ha habido demandas en el ámbito provincial, la última en salir, la referente al Plan de Ordenación del Territorio del Litoral Occidental, denunciado por el Ayuntamiento de Punta Umbría. Otra muestra de que el urbanismo, cada vez más, se decide en los tribunales.