La portavoz de Vivienda y Ordenación del Territorio del PP andaluz y portavoz de Vivienda en el Parlamento, Alicia Martínez, exigió ayer en Huelva seguridad jurídica, directrices claras y soluciones valientes ante el problema de las viviendas ilegales en Andalucía, que afecta a unas 300.000 edificaciones y al 15% de la población. Así lo puso de relieve tras participar en un foro de Urbanismo con concejales del PP de la provincia, dirigido por el primer teniente de alcalde de La Palma, Manuel García Félix. Martínez acusó a la Junta de crear "un caldo de cultivo ambiguo" manteniendo una actitud rígida al no legislar sobre el asunto y tampoco ofrecer soluciones.

La dirigente del PP añadió que los propietarios afectados quieren tener servicios básicos como agua o luz en sus viviendas, que en muchos casos tienen licencias concedidas por los propios ayuntamientos, pero la Junta que es la competente en la ordenación del territorio ha conocido el problema pero no ha tomado medidas a tiempo. La portavoz popular calificó de "improvisado y electoralista" el anuncio de la Junta de que se va a elaborar un decreto y denunció que ni siquiera se haya revelado el contenido del mismo y que no sea consensuado con los afectados. Martínez abogó por un cambio en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Así, recordó que el PP andaluz lleva haciendo propuestas para buscar una solución a este problema desde el año 2008 y que todas han sido rechazadas por el PSOE. Asimismo, indicó que el PP andaluz va a establecer un foro de diálogo con los afectados para buscar soluciones en una "línea segura" con el objetivo de compatibilizar la seguridad jurídica con el respeto al medio ambiente.