La Asociación de Agricultores Puerta de Doñana representa a 350 empresarios de Almonte con más de 4000 ha de suelo agrícola de regadíos legales junto a Doñana y ven en peligro de muerte el futuro de la economía de la comarca y, muy particularmente, la de Almonte, a causa de la proposición de ley presentada por PP y VOX que quiere regular para regadío hasta 1.500 ha. - actualmente alegales- en Lucena del Puerto, Bonares y Moguer. “Se pretende favorecer a una minoría irregular y alejada de Doñana, en claro perjuicio del corazón de Doñana y sus agricultores, con una proposición de ley (PDL) que va en contra del espíritu y del texto de la Ley del Trasvase que se aprobó para traer agua superficial a Doñana y sustituir extracciones legales ya existentes”, explica el portavoz de la AAPD, Manuel Delgado.
Si se consigue que el agua superficial llegue y quede en la parte más alejada de Doñana “nunca vamos a conseguir quitar presión al acuífero que mantiene Doñana”, asegura el representante de un colectivo que supone el 52% de la superficie afectada por el Plan Especial de Ordenación de la Corona Forestal de Doñana.
La forma en que han presentado la proposición los grupos parlamentarios de PP y VOX, sin hacerlo desde el gobierno andaluz “busca evitar informes preceptivos y la participación social, pues no han contado para la modificación ni con el Consejo de Participación de Doñana, ni con el Ayuntamiento, ni con un solo científico, primando únicamente el interés político y empresarial de algunos y chocando frontalmente contra la Ley del Trasvase, el Plan Hidrológico del Guadalquivir y la propia Ley Forestal de Andalucía y su Reglamento”, apostilla Delgado.
La reclamación de los agricultores de Almonte es sencilla y conforme a Derecho y las exigencias de Europa, del gobierno central y las confederaciones hidrográficas: “Si se aprueban nuevas concesiones de cultivo de regadío, que sea con nuevas concesiones hídricas, no con las mismas que hay, puesto que esos caudales estaban destinados a garantizar las explotaciones ya existentes, y no puede ser de otra manera”, recuerdan explicando que “no se pueden regularizar nuevos terrenos pisoteando los derechos de los que cumplen la ley y sobre todo de Doñana. Las políticas de hechos consumados en perjuicio de los demás deben de terminar para garantizar la viabilidad de lo legalmente establecido en el territorio”.
“El 50% del agua del trasvase ya la consumen los que reclaman esta nueva regularización, mientras que no han dejado pasar ni una sola gota para Doñana y sus Agricultores, que son la mayor parte del territorio y el objetivo del trasvase”, denuncia Delgado.
Los agricultores de Almonte consideran que los promotores de la PDL “son insaciables, por mucha agua que se aprobara para Doñana, pretenden que nunca llegue a Doñana y, de esta manera, no pararán de florecer nuevas regularizaciones en las partes más alejadas, mientras Doñana y sus habitantes se mueren”.
Sanciones millonarias europeas
A esto se suma el miedo a las sanciones millonarias de Bruselas en respuesta a la proposición de ley (PDL) que modifica el también conocido como Plan de la Fresa, que en 2014 fue admitido por la Comisión Europea como una de las principales medidas para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra España, por el estado crítico que presenta este humedal único. Ya la Comisión Europea advirtió a España de su responsabilidad en los acuíferos de Doñana, la última bajo una condena firme de 62 millones de euros por incumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo (TSJUE).
Los agricultores almonteños consideran una “temeridad” poner en peligro a miles de familias, empleos y su reputación, “porque la información llega sesgada al consumidor europeo, que puede pensar que el producto que compra está regado con aguas ilegales, y no es así para nada”, indica el portavoz, quien aclara que “las aguas de Almonte son y siempre han sido legales, nuestro producto cumple todas las normativas y somos muy estrictos con los controles de calidad y, por supuesto, con el control del agua”.
Agua superficial para la agricultura, Doñana y el turismo
La Ley del Trasvase ampliará de 4,99 a 19,99 hm3 el agua para el Condado, y se tienen que construir las infraestructuras que traigan agua que asegure los cultivos de Almonte y Doñana, en el aire ahora por culpa de esta PDL: “Ampliar superficies de regadío sin haber asegurado primero el agua para los agricultores que ya son legales es un sinsentido”, lamenta Delgado, quien destaca que “la llegada de agua superficial sería la mejor garantía para compatibilizar la reserva de Doñana con el turismo de Matalascañas y las actividades que, en torno a la devoción rociera, ahí se desarrollan, o incluso los aprovechamientos ganaderos”.
Los cultivos de Almonte están al final del recorrido del trasvase y por el camino quieren coger, con mil argucias e ilegalidades, el agua que es para Doñana y sus agricultores legales, de ahí el lógico temor a que el agua se vuelva a quedar en lso pueblos por los que pasa primero, que además tendrían ahora la puerta abierta a seguir ampliando hectáreas productivas.
