Una tercera niña sufrió complicaciones tras ser sedada por el anestesista de la clínica de Alcira (Valencia)
La menor fue atendida un día antes en un establecimiento de Paterna por el mismo profesional
La Policía detiene al anestesista y la propietaria de la clínica de Alcira donde murió una niña
Una tercera niña sufrió complicaciones tras ser sedada por el anestesista que atendió a otras dos menores en una clínica de Alcira (Valencia), una de las cuales, de seis años, falleció, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.
Al parecer, esta menor fue atendida por el mismo anestesista en una clínica privada de Paterna (Valencia) un día antes que las otras dos niñas de Alcira, es decir, el 19 de noviembre.
La menor de Paterna sufrió complicaciones tras ser sedada por el anestesista en la clínica, tal y como ha adelantado Las Provincias, y el caso ya había sido investigado por la Policía Nacional e incorporado en las diligencias que envió al juzgado encargado de instruir los dos casos de Alcira.
Tras asistir a esta niña en Paterna, que sufrió diferentes complicaciones, el anestesista atendió al día siguiente a otras dos menores, de cuatro y seis años, en Alcira.
Las dos niñas acudieron el día 20 de noviembre a la clínica de Alcira a hacerse unos tratamientos y ese mismo día falleció la menor de seis años tras sufrir complicaciones con la anestesia. Ingresó a las 16:52 en Urgencias del Hospital de La Ribera en parada cardiorrespiratoria. Los facultativos intentaron su reanimación sin éxito y declararon el fallecimiento.
La otra menor, de cuatro años, acudió también esa tarde a Urgencias del Hospital de la Ribera, en Alcira, porque presentaba un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia. Tras su estabilización y la valoración pertinente, los facultativos decidieron su traslado en SAMU a la UCI pediátrica del Clínico. Hace dos semanas recibió el alta médica.
Tras estos hechos, la pasada semana fue detenido tanto el anestesista como la dueña de la clínica de Alcira. En concreto, el anestesista, de 43 años y nacionalidad española, fue arrestado a las 08:45 del jueves en Valencia por un presunto delito de homicidio, otro de lesiones, un delito contra la salud pública, hurto y otro de omisión del deber de socorro.
La Policía le atribuye hurto ya que el anestesista presuntamente había sustraído diferentes fármacos de un hospital valenciano en el había trabajado y luego los habría utilizado con sus pacientes en clínicas privadas, según publican algunos medios locales.
Pocas horas después de su arresto, sobre las 12:00, los agentes detuvieron en Alcira a la dueña de la clínica, una mujer de 50 años, como presunta autora de los delitos de omisión del deber de socorro y contra la salud pública. La propietaria quedó en libertad tras declarar ante la Policía si bien deberá comparecer en el juzgado cuando sea requerida.
Por su parte, el anestesista pasó a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 5 de Alzira, que acordó también su puesta en libertad con medidas cautelares.
La jueza consideró que no se daban las condiciones para dictar la prisión provisional solicitada por el ministerio público debido a que no había apreciado riesgo de destrucción de pruebas ni de fuga, por encontrar acreditado suficiente arraigo en España del detenido.
El hombre debe comparecer de forma periódica ante el juzgado. Además, se le ha retirado el pasaporte y no podrá salir de del territorio nacional. El anestesista está investigado en una causa abierta por los delitos de homicidio por imprudencia profesional, lesiones por imprudencia profesional, hurto y omisión del deber de socorro.
Sin elementos suficientes
En su auto, la magistrada recordaba que todavía no disponía de elementos suficientemente incriminatorios contra el investigado como para adoptar una medida como la solicitada por la Fiscalía, pues era necesario obtener la historia clínica de ambas menores y los resultados de las analíticas de las muestras obtenidas.
En definitiva, en ese momento incipiente de la instrucción, entendía la instructora que no existían "suficientes indicios racionales" de que la causa definitiva de la muerte de una de estas menores pudiera ser atribuida exclusivamente a una imprudencia profesional grave o menos grave del investigado.
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