El polémico peaje del Huerna: la autopista que Europa señala y la ciudadanía exige liberar

La autopista del Huerna, oficialmente la AP-66, es una de las vías más emblemáticas, estratégicas y a la vez más controvertidas del norte de España. Une Asturias con León a través de la Cordillera Cantábrica, atravesando túneles y viaductos que simbolizan el esfuerzo por conectar una región montañosa con la meseta con el objetivo de evitar las empinadas rampas del Puerto de Pajares a través de la N-630.

Aunque sus primeros tramos se estrenaron en 1983, no se completó hasta 1997 con el desdoblamiento del Túnel del Negrón. Con sus 87 kilómetros entre La Virgen del Camino y Camponames, la autopista ha sido fundamental para el transporte de personas y mercancías, pero también un motivo constante de queja social: uno de los peajes más caros de España a 15,60 euros (precio de todo el recorrido para turismos). Lo que para unos es el precio lógico de una infraestructura compleja, para muchos otros se ha convertido en el reflejo de un agravio histórico y territorial.

La gestión de la autopista corresponde a la empresa Aucalsa, concesionaria desde 1975. En el año 2001, el Gobierno de José María Aznar amplió la concesión hasta el año 2050, una decisión que hoy está en el centro de la polémica. La Comisión Europea ha cuestionado esa prórroga por considerar que se hizo sin el debido concurso público, vulnerando los principios de transparencia y libre competencia que exige la normativa comunitaria. Según Bruselas, la extensión del contrato careció de justificación económica y supuso un beneficio indebido para la empresa, lo que podría implicar su nulidad. Si esa interpretación se confirma, la consecuencia lógica sería el fin inmediato del peaje, aunque el proceso judicial y político promete ser largo y complejo.

El debate sobre el peaje del Huerna trasciende lo jurídico. En Asturias y en León, miles de ciudadanos consideran que pagar por cruzar la cordillera es una forma de castigo territorial. La autopista es la única vía rápida entre ambas regiones, y su coste diario afecta tanto a transportistas como a trabajadores que deben desplazarse con frecuencia. El trayecto León-Campomanes cuesta alrededor de trece euros por sentido, lo que supone más de veinticinco en un viaje de ida y vuelta. Para muchas familias, empresas o estudiantes, ese gasto es un obstáculo tangible. Además, otras comunidades han visto cómo sus autopistas de peaje se liberaban en los últimos años, alimentando la sensación de desigualdad.

Las protestas ciudadanas han ido creciendo a medida que la situación se estancaba. En Oviedo, León y Gijón se han organizado manifestaciones con lemas como “Asturias unida contra el peaje del Huerna”. En ellas participan asociaciones vecinales, sindicatos, transportistas y representantes políticos de casi todos los partidos. Incluso el Parlamento asturiano ha aprobado por unanimidad una resolución que exige la supresión inmediata del pago. Los manifestantes apelan a un argumento doble: el legal, al considerar que el contrato prorrogado es nulo de origen, y el moral, al denunciar que Asturias y León no pueden seguir pagando un peaje que ya ha sido amortizado hace décadas.

El Gobierno central mantiene una postura más cautelosa. El Ministerio de Transportes defiende que la concesión se amplió conforme a la legislación vigente en su momento y que cualquier decisión debe basarse en los informes jurídicos que está elaborando junto con la Comisión Europea. No obstante, la presión política y social aumenta. La Junta de Castilla y León se ha sumado a la petición de eliminación del peaje, y el propio Gobierno del Principado ha reclamado una respuesta rápida que ponga fin a lo que denomina “agravio histórico”. En paralelo, asociaciones de consumidores piden que se guarden los tiques del peaje para futuras reclamaciones, convencidos de que los usuarios podrían tener derecho a recuperar lo pagado si se declara ilegal la prórroga.

El caso del Huerna es más que un conflicto sobre una carretera. Representa un debate sobre cómo deben gestionarse las infraestructuras públicas, cuánto tiempo puede durar una concesión privada y qué límites deben tener las decisiones políticas que afectan al interés general. También pone sobre la mesa la relación de Asturias con el resto del país y la necesidad de garantizar la igualdad territorial.

Si finalmente Bruselas o los tribunales españoles anulan la prórroga, el Estado deberá decidir si rescinde el contrato y asume la gestión directa de la autopista o si negocia compensaciones con la concesionaria.