Castilla y León debate dejar de ser única comunidad sin ley LGTBI+

Las Cortes de Castilla y León examinan este miércoles una proposición de ley presentada por el PSOE para regular los derechos del colectivo LGTBI+ en educación, sanidad y servicios sociales. De esta forma, esta comunidad autónoma dejaría de ser la única junto a Asturias sin una normativa propia en esta materia. Sin embargo, PP y Vox prevén rechazarla.

Actualmente, sólo Castilla y León y Asturias carecen de esta regulación autonómica, si bien el Gobierno asturiano ha anunciado que tramitará su ley en el segundo semestre de 2025. Por su parte, la Junta de Castilla y León mantiene que avanzará en esta materia una vez la normativa estatal esté consolidada.

El PP: "No habrá ley hasta que la nacional no esté consolidada"

El procurador socialista Miguel Hernández, encargado de defender la propuesta, ha mostrado un punto de vista pesimista sobre el avance de su tramitación, aunque ha apelado a la labor legislativa para que esta norma sea admitida a trámite y para que cada grupo pueda presentar las modificaciones que considere oportunas. El PSOE mantiene la esperanza de que, al menos, un miembro del PP se abstenga, lo que permitiría iniciar el proceso tanto por la proximidad del final de la legislatura como por el riesgo de que esta ley quede bloqueada definitivamente.

En los últimos meses, la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco (PP), ha defendido que la comunidad no aprobará una ley LGTBI+ hasta que la estatal esté plenamente consolidada. Además, sostiene que los derechos de estas personas están "perfectamente garantizados" en Castilla y León y que "no hay absolutamente problema" respecto a estas cuestiones.

Para Hernández, sin embargo, es precisamente en las comunidades autónomas donde deben garantizarse estos derechos sociales, pues tienen competencias en educación y sanidad, sectores clave para la protección de este colectivo.

El 'sexilio'

La iniciativa incluye el desarrollo de programas de igualdad en empresas, formación específica para profesionales sanitarios y educativos y medidas para prevenir el denominado "sexilio", un fenómeno presente en una región de marcada ruralidad donde algunas personas LGTBI+ se ven obligadas a emigrar a ciudades por el miedo o la presión en sus entornos familiares y laborales.

Además, la proposición contempla una estrategia para prevenir el acoso escolar en institutos y establece un régimen sancionador para posibles infracciones en este ámbito. También aborda la "doble discriminación" que sufren personas LGTBI+ con doble condición de inmigrantes, gitanos, discapacitados o mayores, destacando el llamado "edadismo" que afecta a este colectivo.