El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ha autorizado este lunes el inicio del desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, un proyecto que abarca hasta 2033, con un presupuesto de 475 millones de euros y en el que se prevé que hasta 350 personas trabajen de forma simultánea.

La orden ministerial, que publica el Boletín Oficial del Estado, para el desmantelamiento también autoriza la transferencia de titularidad de la instalación de Nuclenor a Enresa, algo que sucederá en los próximos días para que puedan dar comienzo las obras sobre el terreno, señalan desde el Miteco en un comunicado.

Garoña es "un ejemplo de lo que no debiera volver a ocurrir", ha afirmado Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica, al término de un desayuno informativo esta mañana en Madrid a cargo de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, sobre el desmantelamiento de la citada central.

"Presente y futuro"

"Hoy se da un paso adelante en ese proceso ordenado de cierre con total "responsabilidad, con garantías para la población y con alternativas económicas", después de haber superado la evaluación ambiental del proceso de desmantelamiento seguro y sin riesgo para nadie, ha observado la ministra.

Para Ribera, este desmantelamiento ofrece una "perspectiva de presente y de futuro" para una región que hace mucho tiempo que viene reivindicando un futuro para sus vecinos, y de esta manera, el Instituto para la Transición Justa (ITJ), colabora desde 2020 con los 27 municipios afectados por el cierre de la instalación y ya ha destinado 7,7 millones a financiar 12 proyectos municipales.

Garoña, situada en el Valle de Tobalina (Burgos), tenía una potencia instalada de 466 MW, se inauguró en 1971 y se desconectó de la red eléctrica en diciembre de 2012, cuando Nuclenor comunicó al Ministerio de Industria, Energía y Turismo su decisión de no seguir explotándola.

En julio de 2013 se declaró el cese definitivo de explotación, pero este no se debía a razones de seguridad nuclear o protección radiológica, de modo que Nuclenor presentó una solicitud de renovación de la autorización en mayo de 2014; finalmente, en agosto de 2017, esta solicitud fue denegada por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

En ese momento Enresa comenzó los trabajos preparatorios del desmantelamiento que constan de dos fases y cuentan con un presupuesto –sin contar con la gestión del combustible gastado– de 475 millones. Está previsto que las labores abarquen hasta 2033 y que empleen hasta 350 personas de forma simultánea.

En la Fase 1 (2023-2026) se desmontarán los sistemas, estructuras y componentes del edificio de turbina, y se acometerán las modificaciones de sistemas e instalaciones necesarias para la gestión de los residuos resultantes. A la vez, se evacuará el combustible gastado desde la piscina hasta el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la central.

Desmantelamiento final

Posteriormente, en la Fase 2 (2027-2033), ya con el combustible en el ATI, se abordará el desmantelamiento final de los edificios de carácter radiológico, continuando con las descontaminaciones, desclasificaciones y demoliciones, para, finalmente, concluir con la restauración del emplazamiento.

La autorización para el desmantelamiento llega después de que el proyecto se sometiera a información pública entre marzo y abril de 2021, de que el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitiese un informe favorable el pasado mes de mayo y tras haber obtenido la declaración de impacto ambiental con las condiciones ajustadas al proyecto.