José Luis Sanz se ha visto obligado a cambiar su hoja de ruta a última hora tras las conversaciones con Juanma Moreno. Con todo cerrado a falta de la firma de ambos grupos políticos para que Vox entre a formar parte del gobierno municipal tras las elecciones europeas que se celebrarán el primer fin de semana de junio, el acuerdo político saltó por los aires a primera hora del lunes tras desvelarlo este periódico y la posterior llamada desde San Telmo.

Tras tres días de reflexión con muchas horas de despacho –por el que llegaron a desfilar los concejales afectados por el cambio de gobierno– y reuniones con el presidente de la Junta, Sanz sopesa ahora optar por una fórmula que ya le plantearon a principios de año, pero no terminó de cristalizar: someterse a una cuestión de confianza si los partidos de la oposición no le sacan adelante un Presupuesto que piensa llevar a Pleno la primera semana de junio y que no estaría en vigor como mínimo hasta mitad de agosto.

Lo previsible es que no consiga al menos la abstención de PSOE, Vox o Podemos-IU, por lo que tocará someterse a esa cuestión de confianza vinculada a las cuentas de la ciudad para este año. Lo lógico será que Sanz también pierda, lo que supondrá un fuerte desgaste para su figura al ser reprobado por la mayoría del Pleno. A continuación, será el momento en la que los tres partidos de la oposición cuenten con un mes para presentar un candidato alternativo a alcalde que disponga de los votos necesarios, una operación imposible porque Vox tendría que entrar en un futuro gobierno con el PSOE (que tiene 12 concejales) y Podemos-IU (son dos ediles) para alcanzar una mayoría absoluta fijada en 16 ediles. En resumen, la formación de Santiago Abascal tendría que hacer alcalde al socialista Antonio Muñoz. Al no salir adelante la propuesta, el popular seguiría como primer edil, pero con los presupuestos aprobados automáticamente.

La norma permite realizar este recurso legal dos veces durante el mandato, por lo que ahora usaría esa primera bala para contar con presupuestos propios –ya que sigue en vigor la prórroga de las cuentas que aprobaron en 2023 PSOE y Ciudadanos– hasta el 31 de diciembre. Si el Presupuesto que salga es prorrogado en 2025, la segunda bala que te permite la Ley Orgánica del Régimen Electoral Local podría ser usada a principios de 2026. Esa norma impide que esto se haga en año electoral.

Este recurso fue una posibilidad introducida en 1999 para superar situaciones de bloqueo en los gobiernos municipales. La artimaña ha sido usada recientemente por el alcalde socialista de Barcelona, Jaume Collboni, también sin cuentas propias ni apoyos. No ha sido el único municipio, pero si el más importante. El alcalde puede plantear al Pleno una cuestión de confianza vinculada a la aprobación o modificación de cualquiera de los siguientes asuntos: los presupuestos anuales, el reglamento orgánico, las ordenanzas fiscales y la aprobación que ponga fin a la tramitación de los instrumentos de planeamiento general de ámbito municipal.

Esta herramienta permitirá a Sanz contar por la fuerza con un Presupuesto con su sello para desarrollar muchas de sus políticas, pero seguirá sin poder desbloquear temas claves en su gestión como la elaboración de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), la creación de la figura de un segundo secretario que agilice el día a día de la gestión municipal, modificar el uso de los suelos de Tablada para compatibilizar las viviendas con las zonas verdes o sacar adelante el nuevo barrio en el Puerto de Sevilla. Estos y otros asuntos ha intentado negociar el alcalde sin suerte con la oposición. No le queda otra al optar a gobernar en minoría.

En la recámara se ha quedado un acuerdo de estabilidad para Sevilla que sería similar al que se ha impulsado en Segovia, donde a pesar de que ahora ha saltado por lo aires después de las elecciones europeas podría formalizarse el pacto para lo que resta de mandato y en el que se establecen las medidas a acometer para garantizar la estabilidad institucional. Cuenta con medidas concretas como la elaboración y aprobación conjunta de los presupuestos anuales, de las ordenanzas fiscales y sus modificaciones, y las revisiones del planeamiento urbanístico.