Un grupo de vecinos reunidos en torno a la plataforma Vecin@s de Las Crucecitas de Zalamea la Real ha enviado a los dos grupos de la oposición en el Consistorio zalameño (PP y PSOE) una iniciativa para que impulsen la celebración de una moción de censura contra el primer edil (de IU) por no haberse opuesto al cese de actividad de una antena de telefonía móvil que, según ellos, está abierta sin poseer la preceptiva licencia de actividad, a pesar de lo cual continúa con servicio de suministro de energía eléctrica. El portavoz de la asociación aseguró a Huelva Información que "somos conscientes de que no se puede hacer nada desde un punto de vista legal para que se proceda a la demolición de la instalación, ya que hay una sentencia del Contencioso Administrativo que admite que, dado que ha pasado el tiempo suficiente -seis años-, no se puede hacer nada, pero lo que sí se puede hacer es que el Ayuntamiento no le facilite el suministro de electricidad. La antena se instaló al lado de nuestras viviendas y queremos que no opere más porque estamos preocupados por nuestra salud y las radiaciones".

La aritmética electoral en esta localidad hace que sea necesaria la participación del único concejal del PP para que, junto a los del PSOE (5), permita superar a los cinco concejales de IU en los que el alcalde, Marcos García Núñez, sustenta su gobierno. Según la plataforma, los contactos con el PSOE han sido fructíferos pero remiten a la actitud del popular para presentarla de una manera formal. Por el momento, los vecinos aseguran que "en principio parece que no está dispuesto a dejar de apoyar al actual alcalde, pero lo que se ha hecho es presentar la petición de moción de censura, que se discutirá tan pronto como se convoque un pleno que también lleva retraso, porque se debía haber convocado para esta misma semana y el alcalde ha esgrimido motivos de salud para no hacerlo".

El tribunal de lo Contencioso sentenció que no se puede derribar la torre

El texto al que ha tenido acceso Huelva Información, sostiene que la moción de censura se fundamente en que el primer edil "no actúa en consecuencia ordenando paralizar la actividad de la estación base de telefonía sita en el paraje Las Crucecitas, ni ordenando el precintado de la instalación, así como tampoco el corte de suministro eléctrico, a sabiendas de la ilegalidad de la referida instalación".

El escrito afirma también que dichas instalaciones "no cuentan con la autorización de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Huelva". La instalación fue tratada el día 27 de febrero de 2014 en el transcurso de un pleno ordinario para la modificación de algunas de las Normas Subsidiarias, en el que se presentó un informe del técnico accidental contratado por el Ayuntamiento en el que fundamentaba "la modificación del artículo 194 de la Ley de Equipamientos y Servicios por el que las antenas de telefonía pasaban de tener que estar a 100 metros de la edificación más cercana a tan solo 20 metros".

La plataforma vecinal asegura que "los dos grupos municipales saben desde hace tiempo que la empresa carece de licencia de actividad para la referida estación de telefonía, puesto que la caducidad del expediente fue acordada por la Junta de Gobierno local el 15 de julio de 2015".

Los vecinos quieren añadir que "aunque la empresa presente una declaración responsable de actividad, el actual técnico del Ayuntamiento debería certificar que se cumple con todos los requisitos legales y las normas urbanísticas y dado que es imposible que le puedan conceder la licencia de actividad por incumplir el artículo de la Ley de Equipamientos, no cabe declaración alguna".

Por todo ello, solicitan "que no entren en el juego que propone el actual alcalde de la localidad y no entren en el juego de modificaciones puntuales de las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento, así como que tampoco sean cómplices de la creación de nuevos articulados que favorezcan a alguna empresa privada en detrimento de las personas que vivimos junto a las instalaciones de telefonía móvil". En este sentido, quieren dejar claro que "lo que proponemos no es que se derribe la instalación, ya que los tribunales han asegurado que no se puede llevar a efecto, pero sí que se pare su actividad por no tener licencia y que no se siga facilitando el suministro eléctrico a dicha empresa".