Provincia

Los vecinos denuncian que la actuación en el chalet en ruinas "no garantiza la seguridad"

  • La plataforma asegura que las medidas ejecutadas por el Ayuntamiento no solucionan la inseguridad estructural

Para la plataforma Demolición Ruina en la Antilla, que denunció la situación de peligro que supone la presencia de una obra a pie de playa abandonada a su suerte desde hace 35 años, las medidas urgentes acometidas por el Ayuntamiento de Lepe no son suficientes.

Después de que el pasado 25 de agosto Huelva Información se hiciera eco de la demanda del colectivo, que pide que este edificio ubicado en calle Guadiana 15 de la Antilla sea derribado al encontrarse en un grave estado grave de inseguridad e insalubridad, el Ayuntamiento lepero anunció que de manera urgente se acometería una serie de actuaciones.

Entre ellas, según indicó el colectivo tras reunirse con el alcalde lepero, Juan Manuel González, figuraban la eliminación de los elementos que se desprenden hacia la arena o las viviendas colindantes, la limpieza, la instalación de un cerramiento del edificio y de una malla metálica para aislar la balconada en planta baja. Mientras tanto, a medio plazo, se tramitaría la demolición del inmueble, lo que requiere la redacción de un proyecto.

De esta forma, el pasado 19 de septiembre, el Ayuntamiento cerró con una malla metálica parte de las terrazas, y dejó abierta al público la parte de los voladizos poligonales. Así lo recuerda la plataforma en un escrito presentado en el Consistorio el 21 de este mes. En este documento, precisa que con este cerramiento se han dado por terminadas las medidas urgentes iniciadas el 30 de agosto, tras un primer escrito de la plataforma registrado el día 25 de agosto.

Para el colectivo vecinal, aunque la respuesta por parte del Ayuntamiento fue eficaz y rápida, no se ha completado de forma adecuada las medidas urgentes, que además "no garantizan la seguridad pública". No en vano, los vecinos critican que no se ha realizado la limpieza de las arenas de los cascotes de la obra, de modo que "cualquier persona que transite por estas arenas contaminadas de residuos semiocultos se puede herir".

Tampoco se ha procedido, según aseguran, a su desinfección para eliminar las chinches, pulgas y ratas que llegan a las casas del entorno aunque, de cualquier modo, lo más grave, en su opinión, es que no se han llevado a cabo medidas reales contra la seguridad estructural existente.

Y es que la plataforma Demolición Ruina en la Antilla alerta de la oxidación de las armaduras y de la descomposición y pérdida de hormigón, con la consiguiente pérdida de resistencia en toda la obra y, sobre todo, en los pilares de la fachada sur que forman las terrazas. Estos pilares presentan "una destrucción tan grave que pueden colapsar ante el peso que soportan" y el "exiguo apuntalamiento realizado no puede asumir la función resistente de los pilares arruinados, de forma que no sirve para evitar un posible colapso en la zona sur de la obra".

La situación se agrava, según los vecinos, si se tiene en cuenta que, al haberse dejado una parte de las terrazas abierta, cualquier persona puede entrar y estar en esta "zona que amenaza de mayor peligro inminente, confiada en la apariencia de seguridad de un apuntalamiento inútil".

Respecto a la demolición solicitada y comprometida por el alcalde, desde la plataforma aseguran no tener constancia alguna del inicio real de procedimiento municipal, ni del informe técnico de peligrosidad para justificar la orden, ni del proyecto de demolición, preciso para completar la orden con presupuesto, un plazo de inicio y otro de ejecución.

El Consistorio garantizó la demolición futura tras haberse puesto en contacto con Costas y no haber obtenido respuesta alguna. La obra fue iniciada por un promotor privado el 15 de septiembre de 1980 y paralizada un año después, sin finalizar. Tras el deslinde del dominio público marítimo-terrestre, esta propiedad fue expropiada por el Estado (Costas) el 17 de febrero de 2005, al quedar incluida en la citada zona marítimo-terrestre.

Ante esta situación, la plataforma exige que se terminen de ejecutar las medidas urgentes comprometidas, de forma que eviten el peligro inminente para la seguridad pública. También insisten en que deben realizarse cuanto antes los trabajos técnicos del trámite de la orden de demolición, al tiempo que exigen se les cite a reuniones de seguimiento, "tal como nos prometió el alcalde el 25 de agosto, para poder colaborar de manera conjunta en el proceso y conseguir el fin perseguido (la demolición) a la mayor brevedad posible".

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