Los trabajadores de la antigua Casa Cuna temen el cierre de las instalaciones

"Estamos sumidos en la más absoluta incertidumbre porque no sabemos nada del tema de forma oficial y todo son rumores que circulan por el pueblo, pero mucho nos tememos que al final sean verdad". Es el sentir de uno de los 30 trabajadores de las Unidades Familiares de Ayamonte (antigua Casa Cuna) que temen por "el más que posible" cierre de las instalaciones.

De forma oficial no han recibido ningún comunicado, pero la política de la Diputación (institución de la que actualmente dependen) de evitar la duplicidad de competencias con ayuntamientos o delegaciones provinciales deja más de una posibilidad al cese de la actividad en las instalaciones. De hecho, las competencias en materia de protección de menores corresponden a la Junta de Andalucía, Administración a la que el resto de provincias andaluzas ya las traspasó. Ahora le toca el turno a la Diputación de Huelva .

La institución se abre a la acogida de menores (ahora hay 16) que están bajo medida legal de desamparo, de forma que allí conviven niños a cuyos padres la Justicia les ha retirado la patria potestad o que están en cumplimiento de penas, o pequeños que han sido abandonados (los casos menos numerosos).

Fuentes cercanas a los Servicios Sociales de la Diputación de Huelva reconocen que como la protección de menores no le corresponde a la entidad supramunicipal, no es de extrañar que llegue el cese porque "la Diputación está intentando quitarse todas las competencias que no le corresponden. Pero a pesar de ello, insisten esas mismas fuentes, "en este caso hay la total garantía de que los menores no van a ser abandonados", ya que "se reubicarán en centros de la Junta de Andalucía".

En esa misma línea se mostraron los trabajadores (que prefirieron mantener el anonimato "ante la incertidumbre" que viven), que insistieron en que "pase lo que pase, lo que está claro es que ninguno de los niños se va a quedar en la calle, ya que los reubicarían".

Aunque con algo de recelo, los trabajadores mostraron cierta sorpresa por el momento en el que llega la amenaza de cierre: "Creemos que no es el momento más adecuado ni acertado para cerrar este tipo de servicios porque tal y como está la situación económica, cada vez hay más personas necesitadas de ellos. Es evidente -continuó uno de ellos- que las necesidades de este tipo de servicios son mayores en estos momentos y de hecho cada vez son más habituales los casos de padres que dejan a sus hijos a las puertas del centro".

La incertidumbre se cierne sobre los trabajadores fundamentalmente por un futuro que no saben cómo será. Aseguran estar "cumpliendo y trabajando con absoluta normalidad", pero reconocen que "es indudable que nos afecta esta enorme incertidumbre". Hasta el momento, no han tenido problemas de pago de nóminas, ni retrasos en el cobro, ni se han dejado de hacer los ingresos para el aprovisionamiento y el funcionamiento de las dos unidades familiares. Es más "parece que todo sigue funcionando con normalidad", aseguró uno de los trabajadores, que reconoció que hace tan sólo tres días se produjo un nuevo ingreso de un menor en este centro.

De ahí que insistieran en que "lo único que pedimos y exigimos es que, o bien se desmientan los rumores sobre el posible cierre, o bien se confirmen". Aunque temen que "después de 38 años trabajando aquí, como es el caso de algunos, alguien venga el día antes y nos comunique sin previo a viso, el cierre del centro".

Ante ello,desde el entorno de la Diputación se mantiene que "el personal no va a ser despedido, ni va a perder sus derechos laborales" y que "lo lógico es que sean reubicados por la Diputación en otros lugares, por lo que el sostenimiento del empleo -subrayaron- está garantizado". Y eso a pesar de que calificaron de "incongruente" que en los tiempos que corren trabajen más de 30 profesionales para 16 menores que hay ingresados, porque "eso les está costando muy caro a los contribuyentes".