La subida del agua en alta abre un nuevo frente entre Aqualia y MAS

El equipo de Gobierno bollullero quiere zanjar de forma definitiva la polémica generada a raíz del envío a los abonados de dos facturas a cuenta del agua consumida durante el periodo comprendido entre noviembre y diciembre de 2009. Un bimestre por el que pugnan su cobro tanto la ya extinta Aguas del Condado como Aqualia.

Para tal efecto se convocó un Pleno extraordinario donde, entre otras cuestiones, se desveló la intención de Aqualia de llevar a los tribunales el canon de agua en alta que pretende "imponer" MAS.

Hay que recordar que en el momento en que se ratificó plenariamente el pliego de condiciones para la privatización del agua, la Mancomunidad que presidía Carlos Sánchez aprobó duplicar el precio del metro cúbico en alta hasta situarlo en 0,39 euros más IVA. Con esta operación lograba crear un desfase entre el precio real que abonaría Aqualia y los 0,21 euros que estaba estipulado en el pliego de condiciones técnicas. La Mancomunidad justificaba la nueva tarifa en el hecho de que, "anteriormente, no existía un canon específico por el agua potabilizada en alta".

Sea como fuere desde el equipo de Gobierno se considera que esta estratagema vulnera la libre competencia y persigue perpetuar la posición de monopolio de la que goza MAS.

No fue el único detalle relevante que se desveló en la sala capitular. Aguas del Condado también ha rebajado las pretensiones económicas exigidas a la ciudad por su abandono de la entidad supramunicipal. De este modo de los 7,2 millones exigidos de partida, ahora la entidad recula y cifra la salida en un millón de euros.

No obstante, para el PP y los no adscritos estas pretensiones adolecen de ecuanimidad en tanto en cuanto "sólo se nos reparte la parte proporcional de las deudas adquiridas por la entidad y, por el contrario, no vemos ni un euro de todo el patrimonio atesorado". De forma paralela denuncian que todas las grandes infraestructuras hidráulicas que se acometieron en Bollullos se realizaron en el año 1975, antes de la constitución de Aguas del Condado y desde entonces aun arrastran tuberías de fibrocemento.

En esta estrategia de contragolpe, el Pleno, a instancias del equipo de Gobierno también respaldó facultar a Aqualia para que tomen las medidas legales contra aquellas personas y grupos políticos que defendieron la "objeción fiscal".

Ante la ausencia de Carlos Sánchez, David Benjumea tomó las riendas como portavoz socialista. Fue para subrayar que Aqualia no puede cobrar a los abonados algo por lo que previamente no ha pagado, (en este caso el agua en alta), por lo que pidió al alcalde que se comprometiera a asumir los gastos y consecuencias que pudiera generarse por reclamar a los bollulleros que no paguen el recibo expedido por Aguas del Condado.

Fijadas las posiciones y argumentos, el debate se enmarañó en las ventajas y miserias de lo público.

El representante popular en la cámara, Francisco Martín, subrayó que toda la parafernalia y el eslogan de aplicar una economía de escala a la gestión del agua se desmonta cuando al final los órganos directivos y el organigrama político supera los propios costes del servicios y sustentó su discurso en la Mancomunidad de Caminos, disuelta tras contraer una deuda de más de 800.000 euros. Al hilo de ello, recordó los sueldos de Miguel Novoa, 103.000 euros; el gerente 97.000; o los capataces 57.000 euros; lo que a su juicio justifica que el PSOE quiera el monopolio con un objetivo meridianamente claro: "Que los ciudadanos no tengan otra referencia del coste de un metro cúbico de agua".

Martín interpeló a los socialistas para que explicaran cómo puede ser si no que una empresa privada ofrezca "las mismas tarifas, todo ello tras instalar una oficina en el municipio, gane dinero con la gestión y encima revierta en las arcas municipales 150.000 euros para dárselo al pueblo".

Los socialistas contraatacaron asegurando que el equipo de Gobierno ha metido en una encrucijada a los ciudadanos y entiende que de paso les ha creado un problema a la hora de discernir qué factura han de abonar. Benjumea también criticó de forma abierta la judicialización de la vida pública asegurando "que vamos a hacer ricos a todos los abogados de la provincia".

En la "defensa de lo público" el edil opositor también relató que los ciudadanos con su voto tienen la potestad de cambiar la gestión, cosa que no ocurre con la empresa privada y "mal que os pese en la provincia se vota socialista" dijo mirando a los populares.

En el análisis de Benjumea sobre las razones que han llevado al equipo de Gobierno a tomar esta decisión aparece que "el boom del ladrillo ha finiquitado" y ahora es en el agua donde está los pingües beneficios, de ahí que "queráis rescatar el servicio para salvar, a corto plazo, la situación económica del Ayuntamiento".

IU, en boca de su única representante en la cámara, Isabel Salas, hizo hincapié en la postura de su grupo de oponerse a cualquier privatización, a la vez que lamentó que la incapacidad de diálogo de los representantes públicos derive en que los ciudadanos paguen la factura de los conflictos.

De igual modo pidió la revocación del contrato y avanzó que pedirán un informe a la Junta con el fin de clarificar a qué entidad debe emitir y cobrar la factura de noviembre y diciembre.