El presidente de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (Facope), Manuel Fernández, ha calificado de “insuficientes” para el sector pesquero las cuotas establecidas por el Consejo de Ministros de la Unión Europea para 2020.

Fernández, que ha acudido a las negociaciones en Bruselas junto con el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Isla Cristina, Mariano García, indicó que 2020 es “realmente importante, pues su llegada marca un antes y un después en la política pesquera común, ya que las especies tenían que llegar al rendimiento máximo sostenible”.

“Como era de esperar, para muchas de ellas ha sido posible pero para otras especies, debido a diferentes situaciones sociales y económicas, se tendrá que demorar algún año más”, lamentó el también patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Punta Umbría. “Queremos un mar de peces, pero en equilibrio con los pescadores”, puntualizó.

El presidente de Facope ha recordado que la propuesta inicial para la zona XIa tras evaluar los informes científicos del Ices, y que afecta a Andalucía , fue de una reducción del 50% para el jurel, del 36% para la cigala, del 20% para la merluza, del 40% para el lenguado, y del 3,5% para el rape.

El ministro de Pesca en funciones, Luis Planas, con los representantes de los pescadores.

“Tras unas negociaciones” del ministro de Pesca, Luis Planas, y su grupo técnico en los últimos dos días se ha podido mejorar dicha propuesta, logrando un aumento de cuota del 24% para el jurel, el mantenimiento de la de 2019 para la cigala y un descenso de las reducciones iniciales que se sitúan en el 5 % para la merluza y en el 20% para el lenguado; la propuesta para el rape no se ha modificado.

Fernández señaló que “las cuotas vistas desde el punto del sector pesquero andaluz siguen siendo insuficientes”, toda vez que, además, “el boquerón nos han metido con calzador una reducción del 20% y con respecto a la sardina, a día de hoy no tenemos asignada cuota alguna para el nuevo año, afectando a una flota importantísima como es el cerco del Golfo de Cádiz”.

Además, “los pequeños recortes en merluza y el mantenimiento de la cuota de la cigala van a seguir agravando la situación del sector de arrastre, que sigue reclamando un reconocimiento de la mejora del recurso y que pide a voces una subida importante en la cuota”, señaló.

“Esta situación provocará malos resultados en la economía de la flota arrastrera, teniendo presente además la flota artesanal, que depende especialmente de múltiples especies y a la que la falta de cuota obligaría al amarre”, añadió.

“Confío que con la insistencia de los representantes del sector, apoyados por las administraciones, se consiga mejorar la ordenación para el próximo año 2021 y podamos lograr un resultado mas satisfactorio que se refleje en las casas marineras”, expuso el presidente de Facope.

Parada biológica

Nada saben, sin embargo, los pescadores del Golfo de Cádiz la cuota de sardina que tendrán para el próximo año. El sector cerco inició el pasado 1 de diciembre una parada biológica de dos meses para la regeneración del caladero. Los 82 barcos de Huelva y Cádiz permanecerán amarrados a puerto hasta el próximo 31 de enero y los armadores y los marineros recibirán ayudas por el paro forzoso.

Alrededor de 40 barcos del sector del cerco de la provincia de Huelva están en una parada que se prolonga durante dos meses, un número de embarcaciones que se reparte entre los puertos de Punta Umbría e Isla Cristina.

El sector del cerco volverá a faenar el 1 de febrero, mientras espera la aprobación de un nuevo plan de pesca para la sardina. El pasado 21 de noviembre cofradías de pescadores y armadores de esta modalidad de España (Golfo de Cádiz y Cantábrico Noroeste) y Portugal se reunieron en la localidad lusa de Matosinhos para abordar el futuro de la pesquería. 

El cerco del Golfo de Cádiz solicita una cuota de sardina para el año próximo de 4.020 toneladas. La cifra resulta del reparto que le correspondería a las embarcaciones andaluzas del cupo total de 30.000 toneladas que el sector hispanoluso solicita, una cuota que demandan a los gobiernos español y portugués que defiendan en Bruselas, atendiendo a los informes del ICES, que indican un stock de más de 300.000 toneladas.