El titular del Juzgado de lo Penal 4 de Huelva, el magistrado Santiago Muñoz, ha dejado sin efecto la demolición de una casa edificada en suelo rústico del municipio de Calañas, sita en un terreno aledaño al urbanizable del núcleo poblacional. El derribo formaba parte de la responsabilidad civil que el propietario de la vivienda debía asumir después de haber sido condenado en firme por un delito contra la ordenación del territorio como promotor de las obras.

El auto que salva de la destrucción al inmueble, al que ha tenido acceso Huelva Información, es consecuencia de la regularización administrativa de la misma, lo que ha acabado obteniendo el respaldo, incluso, de la Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva.

Los representantes legales del propietario de la casa, integrantes del despacho sevillano Sanguino Abogados, subrayan la "notable trascendencia jurídica" de este auto del Penal 4 de Huelva, puesto que es la primera vez en la historia de la provincia en la que se redime a una vivienda que estaba irremediablemente abocada a su desaparición por mandato judicial.

"Esto abre una vía para que otros inmuebles que se encuentran en similares circunstancias puedan mantenerse en pie", valoró la letrada Vanessa Villegas, quien indicó ayer a este diario que fue el alcalde de Calañas, Mario Peña, quien acudió al despacho para encontrar una salida legal a las personas que se encuentran en esta situación en el municipio.

El desarrollo de este procedimiento por parte de Sanguino Abogados ha sido clave, ya que el Ayuntamiento calañés estimó declarar esta vivienda como Asimilado a Fuera de Ordenación (AFO), al cumplirse todas las condiciones recogidas en el decreto que en 2012 aprobó la Junta de Andalucía para hacer posible la regularización de determinadas casas ilegales.

Tras presentar el despacho la documentación que acredita el acuerdo municipal para conceder a la vivienda afectada la calificación de AFO, la propia Fiscalía dio por bueno este acuerdo y solicitó el archivo de la causa.

El auto del Penal 4 de Huelva determina que procede acordar el archivo de la responsabilidad civil, dejando sin efecto la ejecución forzosa de la vivienda, dado que ya carece de sentido la misma, puesto que lo que se pretendía con la orden de demolición era la adecuación a la legalidad urbanística.