El reglamento de la Ley de Costas pone en jaque a un tercio de los chiringuitos
El nuevo texto exige instalaciones desmontables con una superficie máxima de 70 m2 El sector pide a la Junta que tenga en cuenta las singularidades de la costa de Huelva
El reglamento de la Ley de Costas, que establece las diferencias de los chiringuitos en las playas naturales y las urbanas, amenaza con hacer insostenible la continuidad de buena parte de los establecimientos de la costa de Huelva. El Consejo Empresarial de Chiringuitos considera que su aplicación provocará la desaparición de una tercera parte de los establecimientos playeros.
Según el vicepresidente del consejo, Esteban Navarro, la norma -todavía en tramitación- impone limitaciones que hacen difícil la viabilidad de los establecimientos ubicados en las playas naturales. El texto en el que se trabaja contempla que mientras en las playas urbanas los chiringuitos pueden ser fijos, en las naturales estas instalaciones tendrán que ser desmontables una vez terminada la época estival. En el primer caso, además, amplía los 100 metros de la normativa anterior hasta 150 metros fijos más 50 metros cerrables. Así, se podrán ampliar hasta 70 metros de terraza y 30 metros más para ofrecer servicios.
Caso bien distinto es el de las playas naturales donde se podrán instalar "establecimientos expendedores" -chiringuitos- de comidas y bebidas que, en todo caso no excederán de 70 metros, de los que como máximo 20 metros podrán ser cerrados. Estas instalaciones serán de temporada y se tendrán que quitar cada una de ellas. Además, no podrán estar a menos de 300 metros de distancia.
De aplicarse el texto, Huelva pasará a tener numerosas zonas del litoral consideradas playas naturales. Prácticamente, todos los municipios costeros tendrán una. Un ejemplo ilustrativo: en Punta Umbría será playa natural la que abarca desde Los Enebrales -hotel Barceló- hasta el inicio de El Portil, un espacio que durante la época estival puede llegar a tener más afluencia que cualquier playa considerada urbana.
Un total de 24 chiringuitos diseminados ahora por el litoral onubense -de Matalascañas a Isla Cristina- se verán afectados por el nuevo reglamento. En Matalascañas son los establecimientos situados desde Torre la Higuera a poniente, esto es hacia Mazagón. En total son 5. Otro está ubicado en el límite con el Parque Nacional de Doñana y el acantilado del Asperillo -Cuesta Maneli- también contabiliza otro. En Punta Umbría son 5 los establecimientos afectados por la nueva normativa. En el municipio de Cartaya lo son aquéllos que están diseminados entre Nuevo Portil y El Rompido, 3 en total. También estarían afectados en un futuro los 9 chiringuitos del municipio de Isla Cristina situados desde la Playa Central a Urbasur. Del total, 15 de ellos podrían desaparecer de inmediato y el resto a medio plazo. En la actualidad en Huelva hay 74 establecimientos playeros.
El reglamento deberá pasar ahora por el Consejo de Estado antes de su entrada en vigor, pero la clasificación entre playas naturales y urbanas corresponde a las comunidades autónomas, de ahí que el Consejo Empresarial de Chiringuitos demande a la Junta de Andalucía que sea sensible y tenga en cuenta las singularidades de la costa onubense.
Esteban Navarro detalla que Huelva es la provincia andaluza más perjudicada por la normativa, ya que muchas playas carecen de soporte urbano, si bien los chiringuitos que se ubican en ella llevan dando servicio de los turistas desde hace más de 25 años. Además, contribuyen al mantenimiento del medio ambiente, mediante las labores de limpieza en el espacio natural donde se ubican y el ordenamiento de los aparcamientos. Su desaparición implicaría, según Navarro, estacionalizar aún más el turismo a los meses de verano.
Los empresarios confían en que se pueda amoldar el reglamento, que se encuentra en exposición pública, a las características de la provincia de forma que no se obligue a los propietarios de los chiringuitos a hacer cuantiosas inversiones imposibles de amortizar o a cerrar sus negocios.
El sector reclama a la Junta, con la que solicitan una reunión, la creación de una figura que permita un modelo de ordenación que suponga una garantía para el medio ambiente y satisfacer reivindicaciones históricas como proporcionarle mayor estabilidad para un mejor aprovechamiento económico.
También te puede interesar
Lo último