El sector del cerco reclama una gestión diferenciada para el Golfo de Cádiz

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Los pescadores ven un mal menor reducir la cuota de sardina si se evita suspender su captura en 2018, como propone el ICES, y aseguran que el 'stock' del caladero andaluz es estable

Descarga de capturas de pescado en el puerto onubense de Isla Cristina. / H. Información
C. Sáez

Huelva, 26 de octubre 2017 - 02:04

Nueva vuelta de tuerca al sector del cerco de Huelva y Andalucía tras la recomendación del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) a la Comisión Europea de que suspenda la pesca de la sardina en aguas del Atlántico y del Cantábrico durante 2018, lo que implica fijar un Total Admisible de Captura (TAC) cero. Aunque la recomendación del ICES no es vinculante, la postura del organismo científico que asesora a la UE marca el camino del plan de gestión conjunto que deben pactar los gobiernos español y portugués, en el que fijarán las cuotas de pesca para 2018 bajo la estrecha vigilancia de Bruselas. Según el organismo científico, la población de esta especie ha sufrido un fuerte desplome y se hace necesario detener su captura el año próximo para permitir que se reproduzca y recupere.

La alternativa a la pesca cero se presenta a través de una reducción de la cuota de captura para el próximo año en relación a 2017. En este contexto, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha informado de que la propuesta es un Total Admisible de Capturas (TAC) de 13.500 o 15.000 toneladas (para españoles y portugueses), una rebaja de entre un 12 y un 20%, en relación a este año, y una recuperación del 5% de la biomasa.

La pesca cero sería una catástrofe y supondría prácticamente la desaparición del sector"Manuel FernándezPresidente de Faco¡pe

El sector del cerco andaluz entiende que la defensa que el Gobierno de España va a realizar en Bruselas para mantener la captura de sardina para 2018, aunque con el recorte, debe de ir acompañada de la reclamación de una gestión independiente por parte del Golfo de Cádiz. Así lo indicó a este periódico el presidente de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (Facope), Manuel Fernández, que también sostiene el presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape), Pedro Maza.

Fernández aseguró que es preciso que el ICES realice un estudio individualizado en el Golfo de Cádiz, ya que la situación es distinta a la del conjunto del caladero hispano portugués, para lo que el sector está dispuesto a colaborar con los medios que sean necesarios.

Según Fernández, el stock del caladero andaluz es estable y difiere de la situación de Portugal o el caladero gallego y cantábrico, como lo indicó también el presidente de la Asociación de Armadores de Isla Cristina, Francisco Faneca.

El presidente de Facope explicó que si ya la cuota del pasado año era insuficiente, una reducción para 2018 será perjudicial para el sector, aunque considera esta medida un mal menor ante la posibilidad del cierre del caladero.

Fernández criticó que el informe del ICES sólo se ciña al Rendimiento Máximo Sostenible (RMS), que en el caso de sardina se alcanzaría en 2020, y no aborde los problemas socioeconómicos que éste conlleva.

El también patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Punta Umbría afirmó que el cierre sería una "catástrofe" para el cerco, porque supondría prácticamente la desaparición del mismo y recordó que de los 84 barcos de cerco que faenan en el Golfo de Cádiz, 60 están amarrados a puerto en la actualidad. El sector proporciona alrededor de 1.000 empleo directos, más los indirectos de tierra.

El presidente de Facope recordó también que ya se aplica una cuota diferenciada en diferentes zonas como es el caso de la cigala, en función de los stock que hay en cada caladero.

Por su parte, Maza indicó que el sector "apoya la postura" y considera que es necesario "para una mejor gestión que se puedan repartir las cuotas individualmente y, además, que puedan ser transferidas para otras especies que estén sujetas a pesquería en el Golfo de Cádiz, entre ellas el boquerón".

Junto a esto, destacó la importancia de que se reclame "una unidad de gestión independiente para el Golfo de Cádiz de forma que cuando haya que adoptarse cualquier medida del tipo de reducción de cuota para mejorar la biomasa se haga con estudios científicos específicos de este caladero y no del conjunto de aguas en el que está englobado".

Maza insistió en que "independientemente de que nadie quiere que haya reducción de cuota", entienden que ante situaciones como las que se están dando, hasta el punto de que el ICES haya recomendado una veda de la sardina en aguas ibéricas del Atlántico (Golfo de Cádiz, Cantábrico y Portugal), porque sus existencias están a niveles muy bajos, "hay que adoptar medidas".

La reducción, junto a esa gestión independiente, "permitirá al sector del Golfo de Cádiz tener una mejor programación y organización durante todo el año", en su opinión.

El presidente de Faape explicó que cuando, como ocurre y va a seguir ocurriendo, al menos a medio plazo, con la sardina, "la cuota es insuficiente, se termina la pesquería antes que la campaña", por ello, ha abogado por que "entre todos se haga un esfuerzo por recuperar el caladero y solventar el problema para años venideros".

Cierre de la pesquería desde el 1 de septiembre

La Secretaría General de Pesca Marítima del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente decretó el pasado 31 de agosto el cierre de las pesquerías de sardina en el Golfo de Cádiz, tras haber alcanzado la cuota de captura establecida. Desde entonces, la flota solo puede capturar boquerón, una especie, según el sector del cerco, que escasea y que "no es rentable pescar en la actualidad". Para 2016 y 2017 se había establecido un total de captura de 17.000 toneladas, de las que a España le correspondían no más de 6.584, repartidas de forma que a la flota del Golfo de Cádiz le adjudicaban 2.552 toneladas. El agotamiento de la cuota se debió, según el Ministerio, a una mala regulación del sector, ya que mantuvo inicialmente un cupo diario de 3.000 kilos y posteriormente de 5.000 kilos, lo que condujo a prohibir la captura.

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