El juez pide una nueva tasación del campo de golf y las parcelas

El Juzgado Número 3 de La Palma del Condado, que instruye el caso del Campo de Golf Dunas de Doñana, ha dictado una providencia en la que insta a una nueva tasación de la infraestructura deportiva y las 14 parcelas en El Rocío que permutó el Ayuntamiento de Almonte como parte del pago de los 7,5 millones en los que se cerró la adquisición del 100% de las acciones de Exclusivas Doñana.

El juez quiere conocer el valor real de la infraestructura deportiva de 60 hectáreas de terreno y 18 hoyos, así como el precio de mercado de las 14 parcelas de 150 metros cuadrados en el sector Santaolla Sur en la aldea marismeña, valoradas en su día en 287.857 euros cada una, con un montante global de 4.030.000 euros, que se complementarían con otros 3,5 millones.

Por esta operación se encuentran imputados el ex alcalde socialista, Francisco Bella, y doce de los trece ediles que le acompañaron durante la legislatura; así como los accionistas de la empresa privada, entre los que se encuentra el ex alcalde almonteño (PSOE) durante dos legislaturas (1979-1987), Juan Antonio Castellano, y su mujer.

El resultado de este informe se presume crucial para determinar si se pagó o no un precio ajustado a mercado. Los propios imputados han reconocido que conocían el estado económico de las cuentas y, por tanto, que Exclusivas Doñana era deficitaria, si bien defendieron en sus comparecencias que la infraestructura deportiva representaba un "valor estratégico" para romper la estacionalidad del turismo en Matalascañas, lo que a su juicio justificaba su municipalización.

La acusación particular, representada por el Ayuntamiento de Almonte, gobernado por el PP, siempre ha sostenido que el precio pagado fue "desorbitado", máxime teniendo en consideración que a la empresa se le permitió aumentar la volumetría edificable en 12.000 metros cúbicos sin contraprestación alguna para las arcas municipales y a condición de que se mantuviera la actividad deportiva. En este sentido, explica que "los beneficios del ladrillo se los embolsó la empresa y las pérdidas con cargo al bolsillo de todos los almonteños".

Frente al juez, Castellano reconoció que obtuvo beneficios con la venta ya que en 2006 él y algunos accionistas adquirieron el 50% de las participaciones sociales por un valor de 1.520.000 euros, por lo que la tasación del campo y sus infraestructuras anexas se valoró en 3.040.000, menos de la mitad de lo que pagó el Ayuntamiento.

Sin embargo, el ex alcalde recordó que las parcelas de El Rocío se encontraban "sobrevaloradas" en dos millones de euros, por lo que el precio que pagó el Ayuntamiento no distaría en demasía del que pagaron él y sus socios en 2006.

Con todo lo enunciado, ese peritaje se presume crucial e incluso concluyente, toda vez que a nivel judicial ha quedado en entredicho el que realizó la Diputación. Ello se produce después de que el propio portavoz socialista, José Villa, reconociesen que fueron subordinados adscritos al departamento provincial de Infraestructuras, en el que él mismo ejercía de diputado en aquellas fechas, los que realizaron una de las tasaciones que se tomaron como referencia para la compra.