Ocho parejas de okupas en la calle Almendral

Son 8 parejas de jóvenes de entre 17 y 45 años, y 9 menores de entre 4 meses y 5 años. En total 25 personas, que ocupan desde el pasado 20 de noviembre de 2012 un bloque completo de pisos en la calle Almendral de Cartaya. En total 8 viviendas. Aseguran que no se irán de allí "hasta que nos lo ordene un juez", pero que "antes de quedarnos en la calle estamos dispuestos a meteremos donde sea, incluso en el mismísimo Ayuntamiento con los niños, sus cunas y nuestras parejas", asegura el mayor de ellos, Antonio Palomino, que ocupa uno de los pisos junto con su pareja, de 17 años, y una hija de ambos, menor de edad.

Como tantas familias actualmente en nuestro país, aseguran que su situación es "crítica" y "desesperada". No tienen trabajo ni disfrutan de ningún tipo de ayuda o subsidio, en algunos casos desde hace ya más de tres años, y sus únicos ingresos son muy "esporádicos" y "de lo que caiga", pero sobre todo de la venta de chatarra y del marisqueo. De hecho, señala Palomino, "si no fuese así no nos hubiésemos metido en estos pisos".

Del mismo modo aseveran que cuando llegaron "las casas estaban abiertas, destrozadas y abandonadas desde hace ya dos o tres años", y según sus palabras "las usaba la gente para drogarse y hacer otras cosas raras". "Nosotros lo único que hicimos fue arreglar las cerraduras, que estaban rotas, y adecentar los pisos" en los que "se acumulaba bastante basura".

Palomino afirma que lo único que pretenden es "llegar a un acuerdo con el propietario y pagarle una renta básica, además de la luz y el agua". Un asunto al que éste no está dispuesto, ya que en declaraciones a este periódico ha explicado que "no podemos aceptar que delincuentes lleguen a tu casa, se metan dentro y después te exijan negociar para acordar una renta básica". "Además -prosigue- sería un agravio comparativo" con los inquilinos de los otros 12 pisos de los que dispone en la misma calle, "que pagan más del doble de lo que ellos ofrecen".

El propietario indica que la subsistencia de su empresa depende en gran medida de estos 20 pisos, los cuales alquila cada año cuando llega la campaña agrícola a temporeros que se desplazan al municipio para trabajar en la recolección de la fresa. Es por ello por lo que "además de estar cerrados, los pisos reunían las condiciones indispensables para vivir dignamente, disponiendo de muebles y electrodomésticos". De hecho, "estaban ya a punto de ser alquilados, al igual que ya lo están los otros 12" por lo que "todo esto para nosotros es una gran faena", sobre todo teniendo en cuenta que "aún estamos pagando" las hipotecas de los inmuebles.

Antonio Palomino, junto con el resto de ocupantes, afirma por su parte que "lo primero que hicimos fue ir al Ayuntamiento a pedirle ayuda al alcalde. Trabajo, vivienda, lo que fuese, con tal de no estar en la calle". "Al no haber trabajo, ni nosotros tener recursos para pagar un alquiler, nos vinimos a estos pisos para poder vivir de forma medio decente, sobre todo por los menores".

Igualmente indica que la respuesta del alcalde, el independiente Juan Miguel Polo, fue que "él no tenía nada que ver con esto y que no podía hacer nada". No obstante, le pidieron que "por lo menos" mediase entre ellos y el propietario para que éste último aceptase cobrarles un alquiler social, "pero por el momento no tenemos ayuda".

En este sentido lamenta que el propietario "no da la cara y lo que queremos es sentarnos con él y llegar a un acuerdo". "Él quiere que nos vayamos a la calle -prosiguen- y por eso nos ha denunciado, aunque nosotros aún no hemos recibido nada".

Por su parte el propietario afirma de que cuando tuvo conocimiento del asunto "lo primero que hicimos fue ir al Ayuntamiento, que ha hablado con los ocupantes para internar que se vayan, lo cual no ha dado resultado". Así, asegura que "esperamos que la justicia dicte el desahucio ya que la única alternativa que nos queda es que ésta haga su trabajo". Asunto que asume "será lento y, si no podemos alquilar los pisos este año, vamos a tener problemas para subsistir y vivir de nuestro trabajo".

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Cartaya sacó adelante por unanimidad en el pleno del pasado 25 de enero una moción por la que se insta a la Corporación municipal a seguir mediando entre las dos partes. Dicha moción propone que se usen los recursos con los que cuenta el Consistorio para facilitar que familias que se encuentran en esta situación tengan acceso a viviendas de renta básica.

Entre estos recursos, el PSOE propone que se use a la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Cartaya, catalogada por la Junta de Andalucía como Agencia Pública de Fomento del Alquiler. Según señaló el portavoz del grupo socialista "no es la primera vez que presentamos propuestas de este tipo ya que en un Pleno anterior el PSOE presentó una moción encaminada a combatir los desahucios por situación sobrevenida, que fue rechazada por el equipo de Gobierno". La moción socialista pide finalmente que los servicios municipales "adopten las medidas necesarias para detectar estos casos antes de que se produzcan".

En el Pleno, el portavoz del equipo de Gobierno tripartito (ICAR, PP y PA), el popular Gabriel Maestre, aseguró que "nos hemos reunido con el propietario y con los jóvenes" a lo que añadió que el Ayuntamiento "es sólo correa de transmisión entre las partes" ya que según especificó "los vecinos han propuesto pagar 200 euros al mes en concepto de alquiler, más la luz y el agua, lo cual no ha sido aceptado por el propietario". Es por ello por lo que puntualizó que "las posiciones están actualmente bastante alejadas y esto, o se negocia, lo cual es difícil, o se resuelve en los juzgados".